Muy cierto es que en cualquier proceso de negociación los interlocutores de ambos bandos deben estar dispuestos a ceder en temas que permitan avanzar hacia entendimientos en aspectos básicos entre las partes; eso ya se ha dicho con insistencia, y en ese sentido todo el mundo está claro. Sin embargo, en situaciones como las que hoy se plantean en el país lo primero que deben definirse son las coyunturas a las que se somete cada sector participante y, como tal, precisarse cuáles son las prioridades de cada quien.
Y tan claro como lo anterior, para cualquier observador aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo civilizado donde se siga con atención el proceso que vive nuestro país, resulta muy fácil interpretar cuáles son las coyunturas presentes para cada negociador en este caso: las del régimen, mantenerse en el poder por lo menos hasta la fecha de su reemplazo por vía electoral y disponer de fondos para cumplir con las exigencias de mantener el funcionamiento del aparato del Estado; para la población, retornar a la institucionalidad perdida. Así de sencillo.
Porque, si lo vemos de esa manera, se trata de un problema de subsistencia: en el primer caso, de garantizarse la dirigencia del gobierno una transición que le permita salir de manera pacífica a ese retiro que reclama la mayoría de la población; y en el segundo, volver a la institucionalidad representaría para el pueblo recobrar su democracia sus libertades y buscar por las vías que señalan las ciencias económicas, sociales y políticas las soluciones sensatas a los problemas que hoy lo aquejan y que los “brillantes estadistas del país potencia” se niegan a aceptar.
Y volver a la institucionalidad es una condición que parte de un principio ético al que considero debemos apegarnos los ciudadanos que mantenemos la defensa del conjunto de normas que aún están vigentes en la nación, comenzando por la propia Constitución de la República, pese al empeño del régimen por cambiarlas de manera ilegal e ilegítima.
Supondría, poner como condición previa para ser discutida y aceptada aquí en el país antes de echarse ese viaje hasta Santo Domingo las dos representaciones que se dispondrían participar en las negociaciones, por una parte, desmontar ese parapeto del gobierno que es la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y por la otra, reconocer la validez de la legítima Asamblea Nacional comprobadamente elegida por el pueblo para cumplir las funciones que se les impedir cumplir.
Se trata de un principio ético en el que demos insistir todos los venezolanos de buena fe, aun con los riesgos que esa posición lleve implícita, porque ello se traduce en exigir la pulcritud de nuestros proceder como ciudadanos y la defensa del conjunto de normas que rigen para el sostenimiento de nuestra democracia y libertades.
Entendemos que puede esta actitud ser interpretada como una posición radical de nuestra parte, pero consideramos que en situaciones como la que hoy soporta la población, volver a la raíz de lo que hoy nos afecta como país, es la vía más idónea y ética para encausar nuestros reclamos y exigencias frente al totalitarismo que hoy somete a la nación.
Y en defensa de esa disposición que hoy observamos entre la mayoría de los partidos de oposición, es preciso que también entendamos que hoy posiblemente más que nunca están dadas las condiciones, no para un simple diálogo sino para negociar con mayor fuerza, negociar el levantamiento de las sanciones externas contra el gobierno a cambio de nuestras prioridades como país que aspira su retorno a la normalidad como nación.
@JJMorenoA