El régimen ha cometido todos los abusos y atropellos que ha querido. Logró neutralizar la Asamblea Nacional, impidió el referendo revocatorio en 2016, impuso la asamblea constituyente de forma fraudulenta y obtuvo una victoria cuestionada, por tramposa, el 15 de octubre. Además, fusionó el Estado con el Gobierno, y a estos dos órganos con el Psuv. Desaparecieron todas las líneas que deben deslindar las fronteras entre, por ejemplo, el TSJ, el CNE y el Psuv. El CNE ordenó repetir las elecciones en el estado Zulia, el más poblado del país, luego del triunfo de Juan Pablo Guanipa, pero no se ha ocupado de ordenar la repetición de los comicios en Amazonas después de que se anuló, hace casi tres años, la escogencia de los diputados del ese pobre y deshabitado estado. Las instrucciones para que se cometan esos abusos han salido de Miraflores, donde pareciera sesionar la dirección nacional del partido de gobierno. Esa unidad indisoluble transformó al Psuv, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en una poderosa máquina de manipulación y extorsión del voto popular.
El control de los órganos del Estado y del Gobierno, sin embargo, no le ha permitido a Nicolás Maduro someter la realidad económica y social, ni ha mejorado la imagen internacional del régimen. Después de los comicios del 15-O se desató la hiperinflación, fenómeno nunca antes visto en Venezuela. El incremento de precios en octubre fue superior a 50%. La devaluación del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo a partir de ese día ha sido superior a 60%. Esta erosión de la moneda nacional ante la divisa norteamericana arrastró toda la economía. Junto a la espiral inflacionaria tenemos la tremenda escasez y desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La falta de medicamentos se ha agudizado. La muerte de Adrián Guacarán se levanta como como símbolo de la desidia y corrupción que campea en el sector salud. La destitución del director del Seguro Social, Carlos Rotondaro, no hace sino corroborar las sospechas de que alrededor de los medicamentos se constituyó una mafia enriquecida sobre los cadáveres de los venezolanos que han fallecido por la incompetencia y voracidad de unos personajes desnaturalizados.
La gigantesca deuda externa, la mora en la cancelación de los intereses y las probabilidades de que se caiga en cesación de pagos, default, ha puesto en evidencia la bancarrota de un gobierno que le ordena al Banco Central emitir todo el papel moneda que se le antoja a Maduro para financiar sus extravagancias con dinero inorgánico, pero que no puede hacer lo mismo para imprimir dólares con los cuales honrar los compromisos internacionales, que de forma alegre e insensata contrajo el Ejecutivo con numerosos organismos financieros. Al gobierno nacional ninguna entidad seria quiere entregarle dinero por la fama de maula que merecidamente se ha ganado. El conflicto que mantiene con la Asamblea Nacional y la vigencia del decreto de emergencia económica por casi tres años, ha agravado la debilidad del Ejecutivo para llegar a acuerdos con los prestamistas internacionales. Este cuadro crítico se agrava por la caída de la producción petrolera. En la actualidad el gobierno carece de divisas para financiar las importaciones en todos los rubros: insumos y materias primas para la industria, repuestos y maquinarias, bienes de capital, medicinas. La incidencia de estos déficits sobre la producción de alimentos es crucial. La escasez y la inflación en los meses venideros serán aún mayores.
La realidad se le impuso al régimen con la misma inflexibilidad que actúa la fuerza de la gravedad en el campo de la física. El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos continuará agudizándose. Aquí sí es verdad que hay una tendencia irreversible. Mientras no se corrijan las políticas que han causado este descalabro, la descomposición seguirá su curso incontenible. Maduro no da ni la menor señal de querer rectificar. Al contrario, manifiesta el deseo de seguir por el despeñadero. El último disparate fue la Ley de Precios Acordados, aprobada por la asamblea constituyente. Ninguno de los adefesios anteriores ha servido para convencerlo de que los controles representan el peor remedio para curar la inflación y la escasez.
En medio de este cuadro tan negativo, tendría que aparecer la dirección opositora con un programa de cambios creíbles y viables. La realidad se ha erigido en la más implacable fiscal acusadora de la incuria gubernamental. Es su más tenaz rival. Ahora falta que resurja la vanguardia organizada que canalice el descontento, aproveche la debilidad del gobierno y propicie las transformaciones que nos rescaten del abismo en el que nos hundió la estulticia roja.
@trinomarquezc