De entrada, una advertencia: la política –a pesar de que algunos lo nieguen– lo abarca todo: desde recoger la basura hasta la deuda externa de un país.
Bien la define el Diccionario de la Lengua Española: “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier modo”.
Y la política, como es sabido, tiene varios niveles: el internacional, el nacional y el local. A este último quiero referirme, a propósito de las próximas elecciones de alcaldes.
Hay que recordar que, a partir de 1989, se inició en Venezuela el proceso de descentralización, regionalización y desconcentración del Poder Público, con la elección de gobernadores y alcaldes. Hasta entonces, los primeros eran designados por el presidente de la República y los segundos no existían.
Aquella fue una decisión histórica en todo sentido, pues significó una redistribución de las funciones gubernamentales al trasladarse un conjunto de competencias a gobernaciones y alcaldías. (En lo personal, siendo diputado al Congreso de la República participé en la discusión de varias leyes descentralizadoras y fui candidato a gobernador de Barinas en las primeras elecciones de diciembre de 1989. Después resulté electo como tal por el pueblo barinés en los comicios de diciembre de 1992, repetidos en junio de 1993.)
Desde entonces se configuró también una nueva forma de participación política en Venezuela. Se le quebró el espinazo a los cogollos caraqueños y creció el protagonismo de la provincia, al punto de que más tarde algunos gobernadores y alcaldes electos en 1989 fueron candidatos presidenciales en los siguientes comicios (Álvarez Paz, Andrés Velásquez, Fermín, Salas Römer, Arias Cárdenas, Manuel Rosales, Capriles), aunque ninguno resultara electo o se le desconociera el triunfo.
Ciertamente, aquella fue una experiencia útil y positiva en todo sentido. Primero, porque la gente eligió sus gobernadores y alcaldes, algo que nunca antes había hecho. Segundo, porque reconocía así sus auténticos líderes. Tercero, porque algunos de ellos hicieron gala de ideas y políticas novedosas al dejar de ser funcionarios nombrados a dedo. Otros también se las ingeniaron para conseguir más recursos presupuestarios y administrarlos con eficiencia.
Sin duda, al tener mayor autonomía, esos gobernadores y alcaldes manejaron sus presupuestos en beneficio de sus regiones. Y era lo correcto: al tener como jueces de su gestión a los electores –y no al presidente de turno, ni a la cúpula nacional del partido– estaban obligados a gobernar con prioridades, administrando lo mejor posible los recursos y ocupándose, por tanto, de los verdaderos problemas regionales.
Por desgracia, esa experiencia tan positiva la liquidó luego, en varias etapas, el chavismo al llegar al poder, pues la descentralización y la regionalización no eran compatibles con su proyecto totalitario. Desde entonces, gobernaciones y alcaldías han venido siendo despojadas de atribuciones y de recursos financieros adicionales que antes percibían.
Desde entonces, también se viene ejecutando una política perversa, sectaria y excluyente, conforme a la cual se les niegan recursos a gobernadores y alcaldes de partidos opositores, a fin de asfixiarlos económicamente, sin que al régimen le importe el daño inmenso que le ocasiona a la gente de esas entidades federales y sus municipios.
Sin embargo, estas difíciles circunstancias, en lugar de amilanarnos, debemos convertirlas en poderosas razones en la lucha por rescatar la descentralización. Y es que, justamente por ser esta última opuesta al modelo totalitario del régimen, estamos en el deber de elegir alcaldes comprometidos con sus comunidades, y no con el chavomadurismo. Porque, a pesar de que se pretenda liquidar política y financieramente las alcaldías, el voto por los candidatos opositores tiene también validez como un categórico voto protesta contra la dictadura.
Por eso mismo, hay derrotar los candidatos paracaidistas que, como en el caso del municipio Barinas, traen de afuera sin que nadie de aquí los conozca, impuestos por el régimen, sin consultar siquiera a las bases chavistas.
Por todo ello, y a pesar de los problemas y del intento por liquidarlas, hay que impedir que la mayor cantidad de alcaldías caiga en manos del chavomadurismo. Hay que conquistarlas para que sean instrumentos al servicio de las comunidades, y no del régimen. Así de sencillo.
@gehardcartay