Zimbabue vive la jornada de hoy con tranquilidad, tras haber resuelto la crisis militar y política con la caída de Robert Mugabe, y con impaciencia ante la toma de posesión del nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa, el primer cambio de liderazgo en el país desde su independencia, en 1980.
El exvicepresidente cumplirá mañana su viejo deseo de convertirse en jefe de Estado, pues su nombre ha estado vinculado durante casi 15 años a numerosos planes para reemplazar a Mugabe, que finalmente le costaron la destitución el pasado día 6, forzada por la ambición de la primera dama, Grace Mugabe.
Su expulsión del poder fue el desencadenante definitivo para que sus viejos aliados del Ejército lo aupasen de una vez por todas a la presidencia, mediante lo que los zimbabuenses ya llaman “golpe cortés” contra el ya expresidente Mugabe, de 93 años.
A las 08.30 hora local (06.30 GMT) de mañana comenzará la ceremonia de investidura de Mnangagwa, que se celebrará en el Estadio Nacional de la capital, Harare, con capacidad para 60.000 personas.
Su partido, la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), cofundada por un Mugabe al que cesó como número uno el pasado domingo, habla ahora del “comienzo de una nueva era y de un mejor país”.
Pese a esta euforia, el conocido popularmente como Ed (acrónimo de Emmerson Dambudzo, su nombre de pila completo) o “Cocodrilo” (por su taimado modo de atacar a sus adversarios políticos) no entusiasma a todos en el país.
Tras la caída de Mugabe, al que muchas potencias extranjeras han calificado de “dictador”, los medios piden libertad de prensa y las asociaciones de derechos humanos reclaman que se dejen atrás las prácticas represivas que durante años han acompañado al régimen de Zimbabue.
Por el momento Mnangagwa parece apostar por un enfoque más pragmático pues, en su primer discurso tras regresar de su exilio en Sudáfrica, prometió ayer “crecimiento económico, paz y trabajos” ante los cientos de seguidores que se agolparon ante la sede de la ZANU-PF.
El próximo líder zimbabuense, de 75 años, aseguró también que se ha vuelto “suave como la lana” para desmarcarse de hechos de su carrera política pasada como la llamada operación Gukurahundi, en la que desempeñó un papel clave como ministro de Seguridad, considerada por muchos como un genocidio por haber acabado con las vidas de más de 20.000 miembros de la etnia Ndebele en los años 80.
Las palabras no convencen a organismos como Human Rights Watch (HRW), que exigió hoy que el Ejército revelase el paradero de los detenidos durante las operaciones militares de la semana pasada, entre ellos algunos ministros.
El titular de Finanzas, Ignatius Chombo, continúa bajo arresto, mientras que el de Educación, Jonathan Moyo, parece haber sido liberado tras haber retomado su habitual actividad en su cuenta de Twitter.
Las informaciones de los días posteriores al alzamiento hablaron también de la detención del ministro de Gobierno Local, del número dos de los servicios de inteligencia y del líder de las juventudes de la ZANU-PF.
En cuanto a los políticos que se mantuvieron del lado de Mugabe hasta el final, su otro vicepresidente y técnicamente presidente en funciones, Phelekezela Mphoko, ha evitado regresar de un viaje a Japón y, según el diario local NewsDay, estaría intentando encontrar asilo en Mozambique o en Zambia.
La población de Zimbabue desconoce, hasta ahora, dónde está Mugabe, qué va a hacer a partir de ahora y qué le impulsó el martes a dimitir después de resistirse hasta el último momento.
Hoy, una cuenta no oficial vinculada a la ZANU-PF se hizo eco de una fotografía del expresidente junto a varios asesores y a su esposa, Grace, de 52 años, de la que tampoco se sabía nada desde que los militares confinaron a la pareja presidencial en su residencia.
Algunos medios apuntan a que Mugabe habría conseguido inmunidad a cambio de su renuncia y otros afirman que se exiliará a Singapur, donde posee activos y donde viaja a menudo para recibir tratamiento médico. EFE