A media que se acortan los días para el esperado encuentro gobierno-oposición en República Dominicana, crece la lista de exigencias planteadas por los diversos sectores, y de manera especial de los opuestos al régimen, todos con razonamientos lógicos y principalmente humanitarios. Sin embargo, consideramos que sobre el tema es preciso volver a las raíces del problema y dejarnos de retacear las condiciones para llegar a los acuerdos.
Muy bien nos pareció la idea de enviar, por parte de la oposición, un equipo de avanzada que se calificó de “comisión técnica”, y también coincidimos en que a estas alturas hay que estar claro en que no se trata simplemente de dialogar sino de ir a lo concreto, a negociar que implica exigir y ceder. En eso estamos de acuerdo.
Lo que no nos parece apropiado es el rosario de condiciones que permita que cada quien, con mucha propiedad la mayoría, aproveche sin embargo la ocasión para pantallear, planteando exigencias que deberían estar implícitas en un acuerdo de más amplia trascendencia, y ese acuerdo no puede ser otro que ir al verdadero punto de quiebre que trajo al país a la ruptura del hilo constitucional, con el desconocimiento a la soberana decisión del pueblo que el 5 de diciembre de 2015 eligió una Asamblea Nacional, y al posterior montaje de ese ilegal e ilegítimo aparato impuesto con un pretendido carácter supranacional, la Asamblea Nacional Constituyente, que actúa como testaferro de las decisiones del gobierno de Maduro.
De allí que nuestra exigencia sobre la esperada reunión en Santo Domingo, debe ser única y en un doble sentido: el reconocimiento de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, y el desmontaje de ese parapeto llamado Constituyente. Y como venimos insistiendo, a partir de allí, la AN podría designar unos poderes nacionales realmente legítimos (TSJ, CNE y MP), que permitirían al país retornar al sistema democrático y las libertades hoy secuestradas. No hay otra.
Y ¿en qué ceder?, pues aunque algunos lo duden, hoy vuelven a darse las condiciones en el país para ejercer presión sobre un régimen que cada día hace más evidente su podredumbre interna, con sus propias denuncias de corrupción que constituyen la expresión de la guerra que enfrenta a los grupos por el poder dentro del PSUV; mientras que, en lo externo, las sanciones de Estados Unidos y las amenazas de similares medidas por parte de la Comunidad Europea obligan a Maduro a pedir cacao, aunque con su discurso grosero trate de disimularlo. Por eso, las concesiones de la población venezolana al gobierno, que constituiría el costo de las conquistas que pudieran obtenerse de aceptarse nuestras exigencias, estarían referidas a garantizar un proceso de transición pacífica y lo menos traumático posible a favor de las personas responsables del desastre en el que se encentra hoy sumergido el país. Esa es, en síntesis, la cruda realidad que está planteada, y sobre la cual es preciso que todos nos sinceremos y determinar hasta adonde llegar.
Pero, para llegar a un final feliz, es necesario evitar incurrir en los errores de los anteriores procesos de diálogo (que fue al final en lo que se convirtieron), y para ello es preciso adoptar medidas muy puntuales como son: en primer lugar, llegar a una escogencia de los interlocutores de oposición que gocen de la confianza de la mayoría; en segundo término, que los negociadores tengan la suficiente preparación para defender las exigencias de la población y, además, ser convincentes ante los acompañantes internacionales que serán, en última instancia, los garantes del cumplimiento de lo acordado.