Nuestro país se ha convertido en una increíble tragedia como consecuencia de un gobierno nefasto empeñado en destruir a Venezuela, y de una dirigencia de oposición que pareciera desconocer la naturaleza totalitaria de ese gobierno.
Es inconcebible que luego de vencer arrolladoramente en las últimas elecciones parlamentarias, de movilizar masivamente a la población en el esforzado empeño de lograr el referéndum revocatorio, de realizar una consulta popular en la que más de siete millones de compatriotas trazaron la ruta democrática a seguir, de protagonizar las más grandes y continuas manifestaciones populares, de haber combatido heroicamente la represión más brutal practicada por gobierno alguno en Venezuela, y desnudar ante el mundo la farsa constituyente, el país se encuentre postrado en un peligroso escepticismo que facilita los criminales propósitos de la banda que nos tiraniza.
Ciertamente resulta difícil comprender las decisiones de quienes integran las cúpulas opositoras. En todo caso sus intereses, parecieran ser ajenos a los de la mayoría de los ciudadanos que pretenden dirigir.
Una demostración del contraste entre las políticas de esa dirigencia y el resto del país, es la actitud asumida ante el fraude cometido en las votaciones de la ilegítima asamblea constituyente. Lo que fue un fracaso del régimen en su propósito de engañar al país y al mundo, se asumió en el seno de la MUD como una derrota de la oposición. Esa postura liderada por el Secretario General de AD, y acompañada de inmediato por los otros partidos, torció el rumbo de una política correcta que logró evidenciar la brutal debilidad del gobierno.
El escandaloso fraude tenía que haber sido denunciado ante el país y ante la comunidad internacional cuando Smartmatic, la tradicional compañera de trampas del CNE, se vio obligada a reconocer las graves alteraciones ocurridas en los resultados de ese remedo electoral.
El rechazo a la delictual acción de las rectoras debería de haberse constituido en bandera fundamental contra el “aparato constituyente” que fue creado por los estrategas cubanos con el fin de sepultar la legítima Asamblea Nacional, sustituir la Constitución, y liquidar lo que resta de sistema democrático. Esa escandalosa estafa colocó a los rectores del Consejo Nacional Electoral en la condición de implicados en graves delitos penales, y los descalificó para continuar al frente de una institución que en el cumplimientos de sus obligaciones legales necesita contar con la confianza de todos los ciudadanos.
Pero en vez de asumir la denuncia del brutal atropello que llenó de indignación a los pueblos y gobiernos amigos, los mismos dirigentes opositores que recorrieron el mundo pidiendo solidaridad dejaron a nuestros aliados internacionales con los crespos hechos, y acudieron a la nueva cita tramposa de las elecciones regionales obteniendo los lamentables resultados que ya conocemos.
Participar en esas elecciones convocadas por la constituyente oficialista significó su reconocimiento, aunque ese hecho pretenda ser camuflado con baratos eufemismos que se desmoronaron cuando los nuevos gobernadores de “oposición”, con la excepción honrosa de Juan Pablo Guanipa, prestaron vergonzoso juramento ante la señora Delcy Rodríguez. A partir de ese momento la constituyente madurista quedó con las manos libres para seguir ejecutando su plan totalitario.
Y demos por cierto que esos gobernadores, tanto los del régimen como los electos con los votos de la UNIDAD, serán mandatarios sin poder real de un Estado Comunal a establecerse en la futura constitución comunista, si es que el régimen consigue el milagro de consolidarse a pesar del caos que reina en el país. Mientras tanto, en la misma condición minusválida se encontrarán los alcaldes y concejales a ser elegidos en unas peculiares votaciones en las que los aspirantes formulan promesas a los vecinos como si ciertamente estuvieran en capacidad de cumplirlas a pesar de la ruinosa realidad económica del país, y a pesar de la concentración sectaria de los recursos en manos de un gobierno con vocación irreductiblemente hegemónica y centralista.
En esas condiciones Manuel Rosales, habilitado y dispuesto, se presenta nuevamente como aspirante a la gobernación de su estado y anuncia que de ser electo solucionará “los problemas de salud y escasez de alimentos”, y afirma que prestará juramento ante la constituyente del psuv, porque, según sus palabras, “es una realidad política”.
Y en la misma onda el diputado adeco Edgar Zambrano declara en Globovisión que “a pesar de haber nacido coja y fuera del imperio de la Ley”, el reconocimiento de la constituyente es una de las materias a discutir como parte de la agenda en los diálogos de República Dominicana.
Declaraciones como esas demuestran un triste y oscuro pragmatismo que la opinión pública rechaza con justificada razón, evidencian inconsecuencia con las dramáticas luchas libradas por millones de ciudadanos que han puesto en juego, vidas, bienes, y libertad, y son muestras de un relativismo carente de valores con el que se construyen cambiantes y contradictorias políticas indolentes ante el peligroso destino que acecha a la república.
Rosales, jefe político de Un Nuevo Tiempo, fue gobernador, alcalde, y nuestro candidato presidencial contra Chávez en 2006. Luego de regresar del exilio el TSJ oficialista lo exime de las acusaciones que motivaron su persecución y encarcelamiento, y asume ahora una posición contemporizadora con un gobierno que acaba de allanar la inmunidad parlamentaria y ordenar la detención del Vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, hoy asilado en la Embajada de Chile.
Por cierto, esa ilegal e injusta medida contra el líder parlamentario, fue solicitada por la misma constituyente que Manuel Rosales acepta y reconoce como realidad política, y fue decretada por el mismo TSJ ilegítimo que le exoneró de culpas y le devolvió sus derechos ciudadanos. Además, resulta inaceptable que quien recibió el apoyo mayoritario en las contiendas municipales y regionales del Zulia, y fue en su momento el abanderado presidencial de millones de venezolanos, aproveche ahora el despojo del que fue objeto Juan Pablo Guanipa por parte de la misma constituyente ante la cual Rosales piensa juramentarse.
Conociendo esos, y otros hechos importantes que demuestran lo incierto de los propósitos unitarios, y los conflictos de intereses en la llamada alianza opositora, entendemos el porqué no se abordan con sincera disposición autocrítica aquellos asuntos que causan frustración y escepticismo.
En medio de esas dudas y contradicciones evidentes que no son capaces de discutir y dilucidar ante el país, quienes controlan la mesa de la unidad vuelven con sus invariables métodos a emprender una nueva etapa de encuentros, preparados al igual que los anteriores “diálogos” con el mismo secretismo sospechoso que da pie a cualquier tipo de rumores y consejas.
La delegación que viaja a Santo Domingo anunció, en boca del ex presidente de Fedecámaras Jorge Roig, los cuatro puntos a debatir con el gobierno: 1-Elecciones libres sin inhabilitados, 2- canal humanitario, 3- liberación de presos políticos, y 4- restitución de las facultades de la Asamblea Nacional.
Sin embargo llama la atención que el tema de la ilegítima asamblea constituyente, aspecto básico del cual depende el logro o fracaso de aquellos cuatro nobles objetivos, no aparezca entre los asuntos propuestos por los delegados de la MUD.
Recordemos que esa asamblea constituyente aprobó el pasado 8 de noviembre la “Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la paz ciudadana”, en la que se suprimen los derechos constitucionales que garantizan la libertad de opinar o disentir a personas, partidos políticos, medios de comunicación impresos o radioeléctrícos, redes sociales y portales electrónicos, que formulen ataques al gobierno o a funcionarios civiles o militares, y desarrollen campañas políticas o ideológicas, que a juicio de la justicia oficialista atenten contra la paz y el modelo de convivencia que nos quieren imponer. De esa manera, cualquier disidente puede ser castigado con diez o veinte años de cárcel y con gravosas penas pecuniarias, consideradas imprescritibles, porque lo delitos cometidos son calificados como atentatorios contra los derechos humanos.
Tres miembros constituyentes, el Ministro de Educación, el Ministro de Educación Universitaria, el Ministro de Educación Justicia y Paz, el Ministro de Comunicaciones, el Presidente del TSJ, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública, un Rector del CNE, tres voceros de organizaciones sociales “que promuevan la paz”, integran la todo poderosa COMISION PARA LA PROMOCION Y GARANTIA DE LA CONVIVENCIA PACIFICA, encargada de vigilar a los medios de comunicación, a los partidos y agrupaciones políticas y sociales y aplicar a discreción las sanciones que consideren convenientes. A través de esta comisión el gobierno puede ordenar al CNE la ilegalización de cualquier partido considerado como fascista o promotor de la guerra, y podrá bloquear las redes sociales y los portales electrónicos.
Obviamente, con una ley totalitaria como ésta, resulta imposible pensar en una próxima elección presidencial democrática sin candidatos inhabilitados y con medios de comunicación en capacidad de ejercer sus funciones en plena libertad.
Igualmente, el canal humanitario, la liberación de los presos políticos y la restitución de las facultades de la Asamblea Nacional, temas que llevan en agenda los delegados de la MUD a la reunión de Quisqueya, no son objetivos alcanzables si no se disuelve la constituyente represiva y fraudulenta, y si en el gobierno no existe voluntad de rectificar sus políticas.
Y por supuesto la lamentable realidad evidencia que la constituyente seguirá como instrumento de un régimen que radicalizará sus posiciones, mientras la crisis económica política y social se profundiza con dimensiones de espantosa catástrofe.
Caracas, 30-11-2017… [email protected]