En un lúgubre video que circula por las redes sociales se ve borrosamente el perfil regordete y sombrío, esposado y cabizbajo, de Nelson Martínez, alto gerente petrolero, arrestado por miembros de uno de los tantos brazos del estado policial venezolano. La voz en el video, probablemente la del Fiscal General impuesto por la inconstitucional ANC, utiliza la palabra Cartel, para referirse a la organización delictiva que se había ido articulando en el seno de la corporación estatal petrolera venezolana.
La ola de arrestos y despidos de los altos mandos petroleros, que ha terminado por afectar al otrora todopoderoso Rafael Ramírez, ha sorprendido al país y ha llevado a muchos a preguntarse si el régimen venezolano, procediendo a través del fiscal Tarek William Saab, tiene en verdad la disposición de actuar contra la corrupción generalizada que se ha convertido en la marca de fábrica de la revolución chavista. Yo tendería a creer que nada más remotamente alejado de la verdad. Cuando regímenes como el venezolano, combinación de estados policiales con dictaduras de nuevo cuño, controlados por verdaderas mafias de poder, actúan en contra de sus propios miembros es normalmente por una de tres razones: (1) Un grupo interno intenta desplazar a otro (2) Un grupo estaba intentando hacer negocios sin hacer partícipe a los otros (3) Se busca un grupo de chivos expiatorios para defender al régimen en su conjunto interna e internacionalmente.
La naturaleza de la operación CITGO, donde aparentemente se endeudó a la nación sin autorización formal del gobierno y la AN, y los otros elementos que están surgiendo, incluyendo la defenestración de Ramírez como embajador de Venezuela ante la ONU, permiten intuir que las acciones de la fiscalía se inscriben en el esquema canónico 1+2+3, que se describe en el párrafo anterior. Por supuesto que mucha gente no dejó de sentir un fresquito por ver a connotados chavistas recibir una dosis de su propia medicina de represión y violaciones de los derechos ciudadanos, al verlos expuestos “con los ganchos puestos”, ciudadanos civiles detenidos por un organismo de contrainteligencia militar, seguramente con órdenes judiciales a la medida. Pero me temo que se trata de la ilusión de una simple operación gatopardiana, como argumentó Horacio Medina en una de sus infaltables notas diarias: cambiar para que todo quede igual.
Más allá de todas estas especulaciones sobre el verdadero significado del encausamiento de un grupo importante de gerentes de la industria petrolera, conviene examinar en retrospectiva el daño inmenso que 20 veinte de desgobierno chavista le ha causado a la actividad económica más importante de la nación. Habría que comenzar apuntando que la maquinaria de desinformación del régimen ha intentado presentar durante años una historia fabricada según la cual fue Chávez quien nacionalizó la industria y la rescató de los malvados monopolios transnacionales para el disfrute de los venezolanos. Nada más lejos de la realidad. El 29 de agosto de 1.975 el presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Ese hito de la odiada “IV República” marco un antes y un después en la historia venezolana. Es aleccionador recordar que Pérez en una reunión con gerentes e ingenieros de la industria les preguntó si ellos le aseguraban que la industria seguiría funcionando si la ponía en manos venezolanas. La respuesta fue un “Si” responsable y sobrio en buena medida determinado por el hecho de que esos ingenieros y gerentes se habían formado en las universidades venezolanas y en programas de transferencia tecnológica y de conocimientos con las operadoras internacionales. La industria petrolera fue uno de los pocos proyectos con continuidad institucional en Venezuela, protegida en buena medida de los vaivenes políticos por un acuerdo no escrito entre los principales partidos de respetar su independencia. Avergüenza y deprime hacer una comparación entre los cuadros y el desempeño de PDVSA en sus años dorados, cuando estaba entre las primeras corporaciones petroleras del mundo, y la empresa en harapos, al borde de la insolvencia financiera y técnica que el chavismo le legará a los venezolanos.
De hecho, a lo que hemos asistido durante la era chavista es a una acción sostenida de desnacionalización cuyas manifestaciones más evidentes son las negociaciones con Rusia y China, y que se ha traducido, entre otras cosas, en que la proporción de la producción de las operadoras extranjeras es superior a la venezolana. Acciones realizadas bajo un espeso manto de turbidez que impide tener información completamente confiable. PDVSA incumple desde hace años la ley de BCV y muchas de la información sobre producción petrolera solamente se puede obtener en organismo internacionales que hacen seguimiento al comercio de hidrocarburos. Se sabe la enorme magnitud del endeudamiento con chinos y rusos, realizado en buena medida sin la aprobación de la AN; se sabe de las condiciones leoninas de venta de petróleo a futuro acordadas con los chinos; se sabe de la entrega vergonzosa de tecnologías desarrolladas en Venezuela como la Orimulsión; se sabe algo de las condiciones recientes de entrega de instalaciones de operación de la industria a manos rusas y chinas. Se sabe, en fin, que en una pornográfica operación orwelliana el régimen chavista ha hipotecado crecientemente nuestra industria en manos extranjeras, y la llevado a un estado casi terminal de endeudamiento y precariedad tecnológica, a la par que se presenta como paladín revolucionario del rescate del petróleo para el pueblo.
Capítulo aparte en esta epopeya de guerra contra su propio pueblo que el régimen chavista ha llevado en el ámbito petrolero, es la destrucción del recurso humano y tecnológico venezolano. Esta horrenda y monstruosa operación comenzó, sin duda, con el despido en 2002-2003 de unos 20000 trabajadores de la industria petrolera a raíz de lo que se convocó inicialmente como un Paro Cívico Nacional y terminó siendo llamado por chavistas y opositores como el Paro Petrolero. Al margen de las múltiples inconsistencias del liderazgo opositor en la ejecución y conducción de esta acción, está el hecho de que la barbarie gubernamental descabezó a la industria y la despojó su más importante activo: sus trabajadores, gerentes e ingenieros calificados. La anocracia revolucionaria, no solamente la emprendió contra el personal de la industria sino contra las universidades e institutos de investigación. Especial mención requiere la destrucción de INTEVEP como centro de apoyo tecnológico a PDVSA y su conversión en una escuela de cuadros del chavismo. La hecatombe de destrucción de la industria “meritocrática” y su reemplazo por una industria convertida en caja de financiamiento del presupuesto paralelo del gobierno, usado para financiar sus operaciones clientelares políticas internacionales y de populismo en Venezuela, lanzó al éxodo a miles de nuestros mejores hombres y mujeres, que habían surgido en nuestra industria y que ahora contribuyen con su esfuerzo a la vida de otras naciones.
De modo pues que es mucho más que el encarcelamiento de unos gerentes y el escándalo que ello trae, presentado como una operación moralizadora, lo que la pseudo-revolución chavista le adeuda a los venezolanos de hoy y a las futuras generaciones que tendrán que conducir la ciclópea tarea de recuperar Venezuela.
Vladimiro Mujica