El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este jueves que los municipios de la isla dispondrán de un fondo de 100 millones de dólares para amortiguar el impacto de la caída de la recaudación y los gastos de emergencia generados por el paso del huracán María en septiembre pasado, reseñó EFE.
Rosselló informó en una conferencia de prensa que estos fondos provendrán de ajustes a los gastos del Gobierno de la isla, que es un Estado Asociado de EEUU.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) asistirá a los municipios como agente fiscal y evaluará los trabajos de emergencia y el Departamento de Hacienda desembolsará el dinero.
Los municipios podrán solicitar estos fondos basados en criterios objetivos como la merma en ingresos y o los gastos extraordinarios por la emergencia.
El anuncio fue hecho por el mandatario luego de una reunión en San Juan con la directiva de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.
“Lo importante es que este fondo de recuperación contará con un mecanismo claro para aprobar el desembolso de los fondos”, sostuvo Rosselló.
“La evaluación de los trabajos de emergencia y la brecha de ingresos presupuestados o recaudos reales por el municipio será llevada a cabo por la AAFAF, como agente fiscal. La medida deberá ser revisada por la Junta de Supervisión Fiscal según dispone la sección 204 de la Ley Promesa”, agregó el mandatario sobre el organismo creado ante la crisis financiera de la isla.
La intención de la medida es dirigir fondos a los municipios en tiempos de crisis.
“Este dinero permitirá a los municipios seguir ayudando en la recuperación tras la devastación del huracán y así puedan pagar su nómina, bienes y servicios”, sostuvo el gobernador.
El alcalde del municipio de San Lorenzo, José Román Abreu, expresó que “definitivamente este primer paso reconoce que los municipios son la primera línea de atención a la ciudadanía y es desde el municipio que se recupera el país”.
El huracán María supuso para Puerto Rico un golpe definitivo a una economía en caída libre desde 2006 y con una deuda pública impagable de cerca de 70.000 millones de dólares, en proceso de reestructuración judicial antes del impacto del ciclón.