La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal por supuesta corrupción contra el expresidente de la petrolera estatal PDVSA Rafael Ramírez, cuyo paradero se desconoce tras renunciar hace una semana al cargo de embajador ante la ONU.
Por María Isabel Sánchez / AFP
“Hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez” a partir de documentos incautados por las tramas de corrupción en PDVSA, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una comparecencia ante la prensa.
Según Saab, el primo de Ramírez, Diego Salazar, detenido el pasado 1 de diciembre, “lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo”.
Salazar está acusado del desvío y lavado de 1.498 millones de euros de fondos públicos en Andorra, entre 2011 y 2012,
“Se apoderan de los recursos públicos y buscan de manera ilícita legalizar estos capitales”, comentó Saab, quien estima que la cifra en el caso de Salazar podría ascender a 4.200 millones de euros desde 2006.
Ingeniero de 54 años, Ramírez, presidente de PDVSA entre 2004 y 2014 y uno de los hombres de más confianza del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), renunció el 4 de diciembre como embajador ante la ONU por exigencia de Maduro, quien venía estrechando el cerco en su contra al destituir a sus más cercanos colaboradores en la empresa.
Saab asegura que como parte de su ofensiva anticorrupción han sido detenidos 67 gerentes de PDVSA, 18 de ellos altos mandos, los más destacados Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, exministros de Petróleo y expresidentes de PDVSA.
Herederos de Ramírez, ambos fueron arrestados sorpresivamente cuatro días después de ser destituidos por Maduro.
En entrevistas concedidas desde un sitio que se negó a revelar, Ramírez asegura ser víctima de persecución política por sus críticas a la gestión de Maduro, sobre todo en economía y manejo de PDVSA, y niega tajantemente estar involucrado en actos de corrupción.
– Purga política o cruzada anticorrupción –
Analistas y exfuncionarios vinculan la caída de Ramírez a pugnas en el chavismo de cara a las presidenciales de 2018, en las que Maduro buscará su reelección para un segundo periodo de seis años, reveló el vicepresidente Tareck El Aissami.
Isaías Medina, diplomático que trabajó con Ramírez en la ONU y quien vive en Miami, aseguró a la AFP que desde que asumió la presidencia tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro quería “deshacerse de él”; pero “llevó tiempo” porque estaba en el círculo íntimo del mandatario.
“La purga de Maduro en PDVSA, enfocada en figuras cercanas a Ramírez, es parte de un esfuerzo para consolidar el control sobre instituciones clave y asegurar que los militares estén totalmente comprados dentro de su política de supervivencia”, estima el centro de análisis de riesgo Eurasia Group.
PDVSA es la columna vertebral de la economía, al aportar 96% de los ingresos del país.
Según Eurasia Group, esta situación “ha llegado a ser más crítica en el período previo a las presidenciales”.
Al ser destituidos Del Pino y Martínez como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, respectivamente, Maduro puso al frente de ambos cargos al general Manuel Quevedo.
Maduro asignó a Quevedo como principal misión aumentar la producción de la petrolera, que ha caído desde los 3,2 millones de barriles diarios en 2008, a 1,9 millones en la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales.
Venezuela y la empresa petrolera han sido declarados en default parcial por agencias calificadoras y tenedores de bonos por el pago atrasado de intereses y capital de esos títulos, parte de una deuda externa estimada en 150.000 dólares.
Analistas consideran que el país con las mayores reservas petroleras del mundo está al borde del default total, con apenas 9.700 millones de dólares en reservas internacionales y compromisos por 8.000 millones que debe cumplir en 2018.
Venezuela, afectada también por la caída de los precios del petróleo, vive una severa crisis económica que asfixia a la población con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación.