La sesión parlamentaria en la que el Gobierno argentino insistirá con aprobar una polémica reforma del sistema de pensiones comenzó hoy después de que se certificara la asistencia de al menos la mitad más uno de los diputados en la Cámara Baja, requisito indispensable para llevar adelante el pleno. EFE
“Con la presencia de 130 diputados queda abierta la sesión especial”, afirmó ante los legisladores el presidente de la Cámara -que tiene un total de 257 bancas-, el oficialista Emilio Monzó.
Mientras, en las afueras del Congreso, que está totalmente vallado y cuenta con gran presencia policial, centenares de personas, convocadas por sindicatos y organizaciones sociales, se manifiestan para mostrar su rechazo al proyecto, al considerar que implicará, de aprobarse, un aumento menor en las jubilaciones al que se prevé con la ley actual.
No obstante, ya se vivieron disturbios luego de que grupos de manifestantes se enfrentaran a los agentes arrojando piedras y botellas.
La sesión llega precedida por el frustrado pleno del jueves pasado, en la que el frente gobernante Cambiemos decidió aplazar el debate de la iniciativa por los graves disturbios generados dentro del recinto, con gritos e insultos entre los diputados, y fuera, donde el enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó decenas de heridos y varios detenidos.
Para discutir este proyecto, que ya fue aprobado por el Senado y que de aprobarse hoy será sancionado como ley, el presidente Mauricio Macri convocó la pasada semana por decreto abrir sesiones extraordinarias en el Congreso, ya que tanto la Cámara Baja como el Senado están de receso vacacional hasta el próximo marzo.
El pleno de este lunes, que incluirá también la discusión de, entre otros asuntos, un proyecto de reforma tributaria -que cuenta con más apoyos-, se espera que se alargue durante varias horas.
Los cambios que plantea la reforma se centran en la modificación de la fórmula para calcular los aumentos del monto económico correspondiente a las jubilaciones, que según el Gobierno permitirán a los jubilados ganar más en 2018, en contra de la opinión de la oposición y los sindicatos, que consideran que constituye una rebaja para los sectores más vulnerables.
Es por eso que la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, convocó hoy una huelga nacional de 24 horas en rechazo al proyecto.
En el medio de la polémica, el viernes pasado hubo una reunión entre altos funcionarios del Ejecutivo, legisladores oficialistas, opositores y diversos gobernadores provinciales, que ejercen gran influencia sobre los diputados, en la que aparentemente se llegó a un acuerdo para poder sacar adelante la medida.
En ese encuentro se determinó, de forma paralela a la ley y a través de un decreto, se lanzará un bono adicional único para los jubilados que reciben una pensión de hasta 10.000 pesos (571 dólares), que son el 70 % del total.
Este está cifrado en 700-750 pesos (40-43 dólares) en el mes de marzo.
“Lo del viernes es un engañapichanga (engañabobos). El bono que quieren presentar como la solución a todos los problemas es un bono que es por única vez en marzo y los meses siguientes los jubilados y pensionados van a empezar a cobrar esta jubilación de hambre y miseria que va a generar esta modificación del índice de movilidad jubilatoria”, argumentó hoy el diputado opositor Agustín Rossi, del kirchnerista Frente para la Victoria.
La oposición critica además que el Ejecutivo quiera paliar los problemas fiscales buscando financiación en las arcas destinadas a las pensiones.