Los Derechos Civiles y Políticos, también llamados “derechos de primera generación” han conseguido en los últimos cincuenta años una legitimidad internacional afortunadamente incuestionable.
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Por matizar brevemente y en un intento de contextualizar, los derechos civiles se refieren, sobre todo, a las inmunidades que cada ciudadano debería tener en un sistema político democrático, e implican por tanto la libertad de actuar en las distintas esferas de la sociedad. Los derechos políticos, por su parte, se refieren al ejercicio pleno de la soberanía popular por parte de los ciudadanos. Estos Derechos Civiles y Políticos han intentado ser relativizados, casi desde su nacimiento, principalmente por dos vías: la del relativismo cultural y la de una corriente ideológica que defiende la subordinación constante de estos derechos a otros de orden superior, casi siempre relacionados éstos últimos con cuestiones religiosas o culturales.
No es nuevo si afirmo que en Venezuela se están cometiendo a diario violaciones flagrantes de los Derechos Civiles y Políticos, como atestiguan también distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos. El Gobierno de Venezuela, a la luz de los informes de los organismos competentes en materia de Derechos Humanos, está en una constante huída hacia adelante en esta materia, obviando, y aún peor, intentando la apropiación por la fuerza de estos Derechos. Hay numerosos casos que evidencian esta triste realidad en Venezuela. De todos ellos, hay uno que en los últimos meses me preocupa gravemente, por ser el arquetipo, el fiel reflejo de esta violación flagrante de los Derechos y Libertades Públicas en Venezuela.
Daniel Ceballos, ex alcalde del municipio de San Cristóbal, y miembro del partido de centroizquierda “Voluntad Popular”, fue detenido arbitrariamente el 19 de marzo de 2014, según informó la Comisión de Detenciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Daniel Ceballos lleva desde septiembre del presente año 2017 en régimen de aislamiento, sin posibilidad de ver luz solar, sin posibilidad de ver a su familia, con continuas vejaciones y humillaciones. El propio Daniel hizo pública esta denuncia el 3 de diciembre, en la que manifestaba su intención de no cooperar con sus carceleros, así como se declaraba en rebelión ante los actos de indignidad de los que está siendo objeto. Finalmente ha conseguido ver a su mujer e hijos el pasado 7 de diciembre, siendo grabada toda la visita; siendo violados, por tanto, otra vez, una vez más, sus Derechos Fundamentales.
El caso de Daniel Ceballos es especialmente sangrante. No hay más que echar un ojo al historial de su caso, para darse cuenta de la cantidad de sombras que existen en todo el procedimiento. Daniel Ceballos ha sido injustamente juzgado, convirtiéndose así, en un preso de conciencia más en el infecto sistema político venezolano; con la particularidad de que en su caso hay una violencia extrema, unos procedimientos de tortura que deben ser denunciados ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. No exagero si afirmo que en Venezuela se están acometiendo violaciones evidentes de los Derechos Humanos, que exigen que la Comunidad Internacional tome cartas en el asunto para evitar el, aparentemente inevitable, rumbo hacia una dictadura en toda su dimensión en Venezuela.
No podemos seguir soportando el uso de grilletes electrónicos en las cárceles, ni los regímenes de confinamiento y aislamiento, ni las visitas grabadas; no podemos seguir tolerando que Daniel Ceballos siga en prisión, máxime cuando sufre flagrantes Tratos Inhumanos y Degradantes. Mirar hacia otra parte es condenar a Daniel Ceballos de antemano y, por supuesto, permitir a Maduro consumar su plan totalitario y dictatorial, dejando así al pueblo venezolano en un estado de indefensión indecente. No podemos seguir tolerando que desde el poder político venezolano se intente el perverso juego, que denuncié al principio, de contarle al pueblo de Venezuela que los Derechos Humanos son relativos o están subordinados a otras cuestiones como la cultura, la ideología política o cualquier otra cuestión del ámbito del pensamiento o la conciencia.
Venezuela está, por tanto, en una seria encrucijada, de difícil solución. Las elecciones de Gobernadores en Venezuela, en octubre de este año, han sido, una vez más, una burda parodia de la democracia, como ya ocurrió también en la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, que sufrió denuncias de fraude por parte de Smartmatic, empresa británica contratada por el propio gobierno y que informó de al menos un millón de personas menos que habían ejercido su derecho al voto, contradiciendo así las cifras del Gobierno de Maduro. No hacer nada ante esta realidad no es una opción; mirar hacia otra parte no es una opción cuando millones de personas están siendo víctimas de una perversa dinámica política, y cuando cientos de ellas, como Daniel Ceballos, están siendo víctimas de la mayor indignidad de un totalitarismo asfixiante.
Es hora de denunciar a Venezuela ante los organismos pertinentes, ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas por el caso de Daniel Ceballos en particular y de todos los presos de conciencia venezolanos en general. Nicolás Maduro debe rendir cuentas por hacer promoción y defensa activa de violaciones de los Derechos Humanos bajo su mandato. Daniel Ceballos debe saber que no está solo, que aunque sea él quien lleve los grilletes, quien no pueda ver la luz del sol o quien tenga que soportar tratos inhumanos o degradantes, somos muchos los que estamos pendientes de él, de su caso, y no descansaremos hasta verlo en libertad, ejerciendo al completo sus Derechos Civiles y Políticos; hasta verlo desarrollar en plenitud sus Derechos Humanos.