El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cierra 2017 con la controversia causada por la decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el caso de corrupción Odebrecht, que incluso estuvo a punto de generar la destitución del mandatario peruano.
A pesar de la crisis política generada en las dos últimas semanas por estos temas, en el balance, el final del año ofrece un escenario contradictorio en el país, con protestas multitudinarias de los opositores al indulto, pero también con una subida de 7 % en la aprobación al gobernante.
Un sondeo de opinión publicado el sábado por la empresa privada Ipsos indicó que la aceptación a Kuczynski, conocido popularmente como PPK, se ha elevado a 25 % desde el 18 % del mes anterior.
El sondeo también confirmó la forma en que se ha polarizado la opinión pública con el indulto a Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, ya que indica que el 56 % de los peruanos está a favor y el 40 % lo rechaza.
Al respecto, el presidente de Ipsos, Alfredo Torres, remarcó hoy que si bien es mayor la aprobación al indulto esta posición ha decrecido, porque en noviembre un 65 % de la ciudadanía se mostraba a favor, mientras que un 31 % lo rechazaba.
Según señaló Torres en el diario El Comercio, PPK al parecer espera “lograr cierto grado de gobernabilidad con el apoyo del fujimorismo que lidera Kenji”, el parlamentario e hijo menor del expresidente, que siempre pidió el indulto y hace poco fue decisivo para evitar que el Congreso aprobara la destitución de Kuczynski.
Opinó que ante la oposición cerrada de la izquierda y las fracturas internas en el fujimorismo, donde hay una pugna entre Kenji y su hermana mayor Keiko, la líder del partido Fuerza Popular, se tendrá que ver si Kuczynski tiene “la habilidad política” de alcanzar la gobernabilidad del país.
“Si no se logra la gobernabilidad, quizá volvamos a ver otro intento de vacancia (destitución) presidencial y de adelanto de elecciones con resultados impredecibles”, concluyó.
Con el indulto otorgado a Fujimori a pocas horas de Navidad y sustentado en razones humanitarias, Kuczynski abrió un segundo capítulo en una crisis política que pudo acabar tres días antes con su destitución en el Congreso, que lo cuestionó por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Su permanencia en el cargo pendió en un hilo hasta la votación que se celebró el 21 de diciembre, donde la retirada de un grupo de legisladores de izquierda y la abstención de diez fujimoristas fue decisiva para evitar su destitución.
El grupo de fujimoristas que desobedeció el acuerdo tomado por Fuerza Popular fue liderado por Kenji, en una decisión que incluso puede generar que su partido pierda la mayoría absoluta en el Congreso, si es que se concretan los pedidos de otros legisladores, afines a Keiko, de exigir que renuncien a su bancada.
A pesar de ello, Kenji parece hacer sido el más fortalecido con el indulto, ya que por primera vez recibe una mayor aceptación popular que Keiko, con 33 % contra 29 %, según el sondeo de Ipsos.
El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich aseguró hoy que “si el año 2017 fue tumultuoso, en el 2018 será mejor mantener ajustados los cinturones porque se atravesará por zona de mayor turbulencia”.
En una columna en el diario La República, el periodista opinó que se deberán “propiciar investigaciones más profundas” sobre la declaración del empresario Marcelo Odebrecht de que su empresa apoyó “con certeza” a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y también recibió consultorías de Kuczynski.
Tanto Keiko como García ya han negado algún aporte irregular de Odebrecht, mientras que Kucyznski aún se mantiene en silencio, pero el Congreso debatió el pedido de su destitución, precisamente, tras recibir un documento en el que se informaba que una empresa suya había dado consultorías a Odebrecht entre 2004 y 2007, un período en el que era ministro del Gobierno de Toledo (2001-2006).
Mientras que el gobernante defiende la legalidad de esos contratos, un gran sector de la población y la clase política opina que en 2018 se deberá fortalecer a la Fiscalía y al Poder Judicial ante cualquier intento de frenar las investigaciones y procesos por el caso Odebrecht.
EFE