Cuadragésima cuarta vez, por Oswaldo Páez-Pumar

Cuadragésima cuarta vez, por Oswaldo Páez-Pumar

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Se haría un favor a sí mismo ese juez encargado del caso Lorent Saleh, que ha pospuesto la audiencia con la que se debe iniciar el juicio cuarenta y cuatro veces, si renuncia al cargo. Puede fingir estar enfermo y evitar así la humillación que significa el desprecio que a sus decisiones le dan desde un encopetado general, de esos que no han disparado sino contra ciudadanos inermes, hasta los elementos de tropa de esa institución que caracterizada por su brutalidad se llama a sí misma “servicio bolivariano de inteligencia”.

Con razón el doctor Alberto Arteaga, eminencia de nuestro foro penal, ha caracterizado dentro de la anomia jurídica que el país vive, como la más depravada y degradante situación no la cárcel y las condenas, que son infames, sino el sometimiento a juicio.





Cuando la prensa reporta que el aplazamiento de la audiencia se debe a que el ‘sebin’ no traslada al imputado al tribunal, que el delito que se les imputa data del año 2011, que fueron entregados por el gobierno de Colombia en el año 2014 al ‘sebin’, lo que está informando es desde luego que el ‘sebin’ desacata la orden judicial. Ese hecho significa que es ese organismo el que administra justicia; y que desde luego los jueces que tienen a su cargo esa función, no están dispuestos a administrar justicia. A cobrar su salario y cualquier otro emolumento metálico, o disfrutar de servicios personales a costa del erario público tales como chófer o guarda espalda, sí.

El juez de nuestro caso pudiera llegar a necesitar de guarda espalda si en lugar de diferir la audiencia del reo cuyo proceso está a su cargo, dictara un decreto de arresto por desacato a una orden judicial contra, quien quiera que sea y como se llame, tiene a su cargo el llamado ‘sebin’.

Este y muchos otros casos similares son manifestaciones constantes de lo que es en derecho la figura del desacato a una orden judicial, que nada tiene que ver con las decisiones del tsj y en particular de su sala constitucional, con las que se pretende interferir en las decisiones de un poder autónomo como la asamblea nacional, hasta en la privadísima facultad de calificar a sus miembros, designar a los magistrados del tsj y enmendar cualquier acto emanado de ella, si constata que se dictó sin darle cumplimiento a las normas constitucionales bajo cuyas reglas deben realizarse sus actos.

Desde luego es inútil esperar del juez que pospone la audiencia de Saleh nada parecido y es milagroso que su nombre no acompañe a la noticia, porque quizá bajo el anonimato, pueda algún día llegar a integrar esa cosa que se llama te ese jota.

Caracas, 4 de enero de 2018