El Observatorio de Derechos de Propiedad recuerda que la escasez y el desabastecimiento son consecuencia de las políticas oficiales que han destruido el aparato productivo nacional con un único objetivo: subyugar a la ciudadanía a través del hambre
La orden arbitraria de bajar precios a 214 establecimientos de 26 cadenas de supermercados, dictada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) este viernes, es un paso más para perpetuar la distorsión económica en el país, a través de una política gubernamental de utilizar el hambre como mecanismo de control de la ciudadanía.
Por un lado, la decisión de la Sundde -organismo sustentado por una denominada Ley Orgánica de Precios Justos desconectada totalmente de las realidades de la economía y del libre mercado- ignora realidades como la galopante hiperinflación motivada a políticas monetarias y fiscales desordenadas del gobierno nacional, que seguramente impedirán a los comercios intervenidos la renovación de inventarios, agravando así aún más la escasez y el desabastecimiento en el país.
Por otra parte, con estas órdenes y los ataques en contra de las cadenas de supermercados y dueños de establecimientos comerciales, que son sometidos al escarnio, se produce otro fenómeno igualmente condenable: los saqueos por parte de la población desesperada buscando comida y que no son debidamente controlados por las fuerzas del orden público, que prefieren “mirar para otro lado” mientras se producen estas acciones que no son otra cosa sino violaciones flagrantes del derecho de propiedad.
Tanto las acciones de la Sundde, como los saqueos, son condenables, puesto que son vías expresas para seguir mutilando el aparato productivo nacional. Estos hechos hablan de lo que serán los días por venir, en los que la crisis se acentuará.
Desde el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y su Observatorio de Derechos de Propiedad, hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de que los responsables de esta crisis no son los empresarios, productores o comerciantes. Al igual que el resto de los venezolanos, ellos son víctimas de la anulación progresiva de las libertades de los ciudadanos a manos de un régimen que usa el hambre, originada por sus medidas, para subyugar a un país.