Son muchas las interrogantes que aún no tienen respuesta en los hechos acaecidos en el Junquito, que dejaron como víctimas a Oscar Pérez y a otras seis personas que lo acompañaban. Veamos algunas de ellas.
1. ¿Se trató de un verdadero enfrentamiento, con actuaciones de los cuerpos de seguridad apegadas a la ley o, por el contrario, hubo ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a los DDHH? Por las redes sociales circularon varios videos en los que Oscar Pérez, líder del grupo que se encontraba rodeado, señalaba reiteradamente su disposición de entregarse y deponer las armas. El artículo 43 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida. En nuestro país no existe la pena capital y cualquier muerte producida por los agentes del Estado, sin causas legales que la justifiquen, se enmarcaría dentro de los parámetros del homicidio, desde el punto de vista legal.
2. Un audio que circula en las redes sociales, atribuido a Freddy Bernal (habría que corroborar su autenticidad) y distintas informaciones periodísticas, dejan abierta la posibilidad de que miembros de los denominados grupos “colectivos” hayan también participado en el procedimiento de El Junquito. Ante este supuesto, habría que recordar que el artículo 7 de la Ley del Servicio de Policía indica claramente que en ningún caso a un particular le pueden ser delegadas funciones policiales. Si en realidad actuaron “colectivos”, ¿quién los envió? ¿Qué instrucciones tenían? ¿Estos “colectivos” actuaron como civiles o están en las nóminas de la Policía Nacional Bolivariana ejerciendo como funcionarios?
3. En Venezuela existen normas que obligan a los cuerpos policiales a aplicar el denominado “uso proporcional y diferenciado de la fuerza”. Esto, entre otros aspectos, significa que ningún agente policial puede darle muerte a una persona si ésta, con sus acciones, no coloca en riesgo la vida del propio funcionario o de terceros. ¿Fueron aplicados estos principios en el procedimiento de El Junquito? ¿Se lanzaron cohetes o misiles contra la vivienda en la que se encontraba Oscar Pérez y su grupo, tal como pareciera desprenderse de videos que circulan en las redes sociales? ¿ Fue esto una acción “proporcionada” a la situación o una actuación irresponsable y asesina? ¿Cómo unos policías pueden utilizar contra civiles un armamento que solo se emplea en una guerra?
4. Vista la solicitud de entregarse que manifestó Oscar Pérez en varios videos, ¿se presentaron representantes de la Defensoría del Pueblo al lugar de los hechos? En caso afirmativo, ¿la actuación de estos funcionarios fue en favor de resguardar el derecho a la vida y el resto de los derechos fundamentales de los involucrados?
5. Varios periodistas indicaron que no se les permitió el ingreso a las cercanías del lugar de los hechos. ¿Por qué se le impidió el acceso a la prensa? ¿Estaba ocurriendo algo que era necesario ocultar?
6. En una investigación es imprescindible resguardar el sitio del suceso. Esto es fundamental para poder recabar elementos de convicción que lleven a la verdad de lo ocurrido. ¿En este caso se ha preservado el lugar donde ocurrieron los hechos? ¿La vivienda donde se resguardaba Oscar Pérez y su grupo sigue en pie o fue destruida?
7. ¿A los cadáveres de los fallecidos en el procedimiento se les hizo la autopsia con todas las garantías establecidas en la ley? ¿Estos cuerpos estarán disponibles para cualquier acto de investigación que en el futuro pueda ser solicitado por sus familiares o sus representantes? ¿O serán cremados en contra de la voluntad de los familiares para obstaculizar la investigación?
8. En el precario comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores se da cuenta de al menos 5 detenidos. ¿ A estas personas se les está garantizando el debido proceso? ¿Han tenido acceso a sus abogados, como lo establece la Constitución o, por el contrario, se encuentran ilegalmente incomunicados?
9. Con todas las instituciones del sistema de justicia secuestradas por una parcialidad política, ¿existen en Venezuela las condiciones para una investigación profunda e imparcial que le dé garantías al país de que se determinará la verdad de lo ocurrido y la aplicación de la justicia? En este punto habría que recordar que, si no hay justicia interna, las violaciones a los DDHH pueden también ser investigadas y sancionadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de DDHH y el Tribunal Penal Internacional, entre otros.
10. La función de control sobre las actuaciones del gobierno le permiten a la Asamblea Nacional, dentro del marco de sus funciones, investigar casos de posibles violaciones a los DDHH. Bajo este marco, la Comisión de Política Interior de la AN ha abierto una averiguación para este caso. ¿Se le permitirá plenamente al Parlamento ejecutar acciones para tratar de esclarecer la verdad de lo sucedido o, por el contrario, bajo la excusa inconstitucional del “desacato”, el Ejecutivo le colocará obstáculos en esta tarea? La AN es quizás la única institución creíble para las personas que se sientan afectados por los hechos ocurridos en El Junquito
Aquí hicimos mención de solo 10 interrogantes, pero en realidad son muchas más las que surgen en este oscuro caso.
Twitter: @luisizquiel