La embajadora estadounidense ante la ONU repudió este viernes el pedido del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de investigar por “delitos de odio” a obispos en Venezuela que comentaron en sus misas la escasez de alimentos, reseñó AFP.
“Al tener como blanco a líderes religiosos, que promueven la paz y dan esperanza a los creyentes, el régimen sigue mostrando que solo le importa preservar su propio poder y que no le importan para nada los derechos humanos básicos y el bienestar de sus ciudadanos”, dijo Nikki Haley en un comunicado.
Maduro ordenó el lunes investigar a dos obispos en el marco de la “ley del odio”, que prevé penas de cárcel de hasta 20 años, y les acusó de ser “diablos con sotana”.
Se trata del arzobispo de Barquisimeto (estado Lara, noroeste), Antonio López, y el obispo de San Felipe (estado Yaracuy, también en el noroeste), Víctor Hugo Basabe, quienes se refirieron a la severa crisis que atraviesa el país en las homilías de la virgen Divina Pastora el domingo de la semana pasada.
“Me duele ver a muchos venezolanos buscando comida en los basureros”, expresó López en la misa.
“No son ustedes muchachos los que tienen que irse. Si alguien tiene que irse de Venezuela es el responsable de este desastre al que nos han conducido. Si alguien tiene que irse es quien es responsable de que miles de niños hayan atravesado el límite de la desnutrición severa”, dijo por su lado Basabe.
La oficialista Asamblea Constituyente, que rige con poderes absolutos, aprobó en noviembre de 2017 una ley que castiga a quien “promueva el odio”.
Un hombre y una mujer que protestaron el 3 de enero por falta de comida en Naguanagua, en el estado Carabobo (noroeste), fueron detenidos y serán juzgados por instigación al odio, en la primera aplicación de la ley.
Haley afirmó que Estados Unidos está con el pueblo venezolano “en su batalla para restaurar la democracia frente a un dictador brutal”.
Estados Unidos, que considera a Venezuela un “narco Estado” que amenaza la seguridad internacional, ha impuesto sanciones en los últimos meses contra Maduro y gran parte de sus funcionarios más cercanos, además de prohibir a los estadounidenses negociar deuda con el gobierno venezolano y su petrolera estatal PDVSA.
El país, ahorcado financieramente por la caída de las cotizaciones del crudo y una mala gestión económica, atraviesa dificultades para reembolsar a tiempo su deuda soberana.
La población sufre además una grave escasez de alimentos y de medicamentos, ya que no hay dinero para importarlos.