La exdelegada en España y Portugal de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule, abrió una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 millones de euros). La exdirectiva dejó constancia de sus planes de transferir esta suma al Principado en un formulario confidencial que rellenó al formalizar un depósito en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación interna de esta entidad a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Así lo reseña elpais.com
Por Joaquín Gil / José María Irujo
Van den Brule abrió su cuenta andorrana el 4 de marzo de 2008. El mismo día que la entonces supervisora de PDVSA en Caracas Ingrid Sánchez González se hacía cliente de la BPA para ingresar en esta institución financiera cinco millones de dólares (cuatro millones de euros). En Andorra imperó hasta el pasado año el secreto bancario.
Sánchez González y Van Den Brule ocuparon responsabilidades en PDVSA en la etapa en la que Rafael Ramírez presidió la petrolera estatal entre 2004 y 2014. La Fiscalía de Venezuela abrió el pasado diciembre una investigación contra Ramírez, hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013), por pertenecer supuestamente a una trama vinculada a uno de sus primos, el empresario Diego Salazar.
Concretamente, Salazar formó presuntamente parte de una red de exviceministros y testaferros de políticos de Venezuela que cobró más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por mediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la petrolera.
Van den Brule abrió su cuenta en Andorra mientras dirigía la filial en España de la petrolera venezolana. Se presentó a la entidad financiera del Principado como “directora de gas”, justificó que su dinero procedía de supuestos trabajos de asesoría. Y dijo que tenía una empresa con una facturación anual de dos millones de dólares (1,6 millones de euros).
La jefa de PDVSA Ibérica esgrimió como ventaja la “confidencialidad” del banco andorrano y mostró su intención de transferir trimestralmente a su cuenta 500.000 dólares (409.000 euros).
El expediente secreto del banco de la exresponsable en España de PDVSA muestra que la institución financiera advirtió que su clienta era una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Una etiqueta para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, van Den Brule trabajó en 2005 como asesora ejecutiva del Ministerio de Energía y Petróleo bajo la dirección de Rafael Ramírez.
Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la exdirectiva.
“Piso en Colombia para mi hija”
Mientras la que en 2008 era la supervisora de PDVSA en Caracas, Ingrid Sánchez González, comunicó al banco del Principado que destinaría los fondos que iba a transferir a su depósito -cinco millones de dólares (cuatro de euros)- a la compra de un piso en Colombia para una hija. “La transferencia que se enviará es para la cuenta personal de mi hija”, declaró, según el formulario que entregó a la institución financiera al abrir su cuenta.
Tras presentarse al banco como “consultora energética”, Sánchez González destacó que el motivo para formalizar un depósito en Andorra era la “confidencialidad”. Añadió que tenía previsto enviar anualmente al Principado 500.000 dólares (409.000 euros) en diez transferencias.
La supervisora de PDVSA comunicó a la BPA que conocía a dos clientes de esta entidad: “Diego y Luis Mariano”. Los nombres coinciden con los de Luis Mariano Rodríguez Cabello y Diego Salazar. El primero pasa por ser el testaferro del segundo, según la juez de Andorra Canòlic Mingorance. La magistrada sitúa a Rodríguez y Salazar en el corazón de la presunta trama de comisionistas de PDVSA que ocultó 2.000 millones en Andorra.
EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Sánchez González.
PDVSA no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre si van Den Brule y Sánchez González siguen o no vinculadas a la petrolera.
Las autoridades del Principado intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado antes que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos. Un hecho que sus propietarios niegan.