Gedeón, término de la cultura israelí que designa a uno de los jueces más temibles por su “obra guerrera” contra los enemigos, fue el nombre con el que el ministro del Interior, Néstor Reverol, presentó al país la operación policial más brutal de los últimos años, que fue ejecutada para someter y matar al ex inspector Oscar Pérez y a seis de sus acompañantes, por supuesto “terrorismo”. El hecho ocurrió en un sector de chalets en el kilómetro 16 de El Junquito, en el oeste de Caracas, el lunes 15 de enero. A seis días de ocurrido, es la única precisión que el gobierno ha dado públicamente sobre la acción conjunta de los cuatro cuerpos de seguridad e inteligencia más represivos del Estado, contra estas doce personas, la mayoría civiles, que querían entregarse. Así lo reseña el-nacional.com
“El Ejecutivo y los órganos del Poder Ciudadano deben explicar por qué esta operación no cumplió con ninguna de las exigencias policiales y legales para garantizar la transparencia del procedimiento ni la vida del grupo adversario”, advierten especialistas en este tipo de actuaciones, ante el silencio oficial que envuelve esta masacre.
La falta de liderazgo y de coordinación policial entre el Sebin, la DGCIM, el FAES de la PNB y la GNB, que actuaron en el caso, para asegurar una negociación exitosa con Pérez y su grupo, es uno de los aspectos que compromete la transparencia de la operación y que Reverol debería explicar al país. “Debe señalarse cuál de las instituciones tuvo el manejo de la crisis que debía realizarse para lograr la rendición de las personas y ser sometidas luego al proceso penal. Lo primero que debe explicarse en quién fue el responsable de esa operación”, señaló el abogado y criminalista Fermín Mármol García, al analizar las interrogantes de la Operación Gedeón.
Otra duda es si se dejó prueba de que el proceso de negociación se había agotado, para explicar por qué utilizaron un lanzamisil que destruyó el chalet e hirió mortalmente a varios de sus ocupantes. Los videos hechos por Oscar Pérez, que difundió por Instagram poco antes de morir y que recogieron su disposición de entregarse, son evidencia de lo contrario. “Instituciones policiales modernas emplean uniformes que llevan ocultas cámaras para filmar en tiempo real todo el proceso y proporcionar pruebas para demostrar en el proceso penal que se agotaron los medios de negociación y que el otro grupo tuvo una actitud agresiva. Sería imperdonable no contar con esta tecnología que se usa en cualquier país del mundo, dado que el gobierno invierte en Inteligencia”, dijo.
Sin embargo, la ausencia de un fiscal del Ministerio Público y la poca probabilidad de que se haya preservado la escena del crimen son, a juicio de un experimentado ex jefe de Homicidios que solicitó no revelar su nombre, los aspectos más graves.
“El interior del chalet donde mataron a Pérez y a seis de las personas que lo acompañaban fue ocupado por funcionarios de los distintos organismos policiales, sin la presencia de investigadores del Cicpc que recogen las evidencias y hacen los trazados de balística y planimetría, para reconstruir los hechos si un tribunal lo considera necesario. No hubo nada de eso, porque les impidieron el paso. Solo tres unidades lograron pasar y muy tarde”, afirmó. Exigió que el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, explique al país por qué no envió a un representante del Ministerio Público. “El funcionario de esa institución nunca llegó, según informaciones. Entonces, ¿quién sustanció el expediente?”, se preguntó la fuente.
El balazo en la cabeza de Pérez y de otros dos hombres, según las actas de defunción, indican la intención de matar, según Mármol León. “¿Por qué no se emplearon herramientas para neutralizar como el gas o bombas lumínicas? Las dudas deben ser despejadas”.