La Justicia brasileña confirmó la sentencia de Lula, de 72 años, aún tiene la posibilidad de recurrir a otras instancias, pero depende de cómo termine la votación: por unanimidad o por 2 votos contra uno, reseñó Infobae.
El ex mandatario puede presentar un Embargo de declaración, que consiste en pedir un esclarecimiento de una decisión judicial, independientemente del número de votos y sería analizado por los tres magistrados de la octava sala del TRF4.
Si es condenado por 2 votos a 1, deberá presentar un Embargo infringente, que sería analizado conjuntamente por la séptima y octava sala del TRF4.
Si los recursos fueran desestimados, puede apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Supremo Tribunal Federal (STF).
La defensa de Lula y la mayoría de los juristas descartan una “prisión automática”, aunque la ley lo contempla. De esa forma, lo más probable es que un eventual pedido de prisión en caso de condena solo ocurra después del análisis de todos los recursos.
Elecciones presidenciales:
En materia electoral, una condena por corrupción tornaría a Lula “inelegible” según la legislación brasileña, aunque también caben recursos que le permitirían ganar tiempo e incluso registrarse como candidato y hacer campaña.
La dirección del PT planea reunirse el jueves en San Pablo para proclamar su apoyo a una candidatura de Lula, cualquiera sea el fallo del TRF4.
Independientemente de la decisión judicial, Lula, quien ha expresado su deseo de aspirar a la presidencia, puede registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta el 15 de agosto. Si la candidatura fuera eventualmente impugnada, se abrirá un juicio en el TSE, pero Lula podría hacer campaña hasta la decisión final del tribunal.
Los partidos pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones, previstas para el 7 de octubre, pero el Partido de los Trabajadores (PT) ha admitido que su “único” candidato es Lula.
Los siete juicios abiertos que afronta Lula:
1.- Caso de Tríplex: corrupción pasiva y lavado de dinero. Condenado el 12 de julio del año pasado. El recurso presentado por la defensa fue ratificado hoy por el TRF4.
El juez Moro dio por comprobado que Lula recibió sobornos por favorecer la firma de contratos entre la constructora OAS y Petrobras, que se habrían materializado en la reserva y reforma de un tríplex en Guarujá, en San Pablo.
2.- Compra de silencio de ex director de Petrobras: obstrucción a la Justicia.
Primera imputación del ex mandatario por el supuesto intento de comprar el silencio del ex director de Petrobras Nestor Cerveró para evitar que informara sobre la red de desvíos en la petrolera.
3.- Contratos en Angola: corrupción pasiva, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita. Está acusado del cobro de sobornos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la constructora con créditos de entidades públicas que facilitaran la adjudicación de contratos en Angola.
4.- Incentivo fiscal para empresas de vehículos y aviones de caza: tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita.
La Fiscalía lo acusa de interceder ante su sucesora, Dilma Rousseff, para mantener un incentivo fiscal para empresas automotrices a cambio de presuntos sobornos. También fue acusado en la misma denuncia de interceder para que el Gobierno atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza.
5.- Instituto Lula: corrupción pasiva y lavado de dinero en la investigación del Lava Jato. Según la acusación, recibió sobornos de Odebrecht a través del ex ministro Antonio Palocci, hoy preso por el caso Petrobras. El dinero habría servido para comprar un terreno para el Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
6.- Casa en Atibaia: corrupción pasiva y lavado de dinero.
Es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo.
7.- Operación Zelotes: corrupción pasiva. Acusado de firmar un decreto a cambio de supuestos sobornos a favor de empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios.