La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, prorrogó este 30 de enero por 60 días pesquisa sobre el caso de la masacre de El Junquito donde fueron ejecutados Óscar Pérez, José Alejandro Pimentel, Abraham Agostini, Lisbeth Ramírez, Daniel Soto y Jairo y Abraham Lugo, por funcionarios del estado bolivariano.
LaPatilla.com
El diputado José Luis Pirela, denunció que el 15 de enero, día en que ocurrió la masacre de El Junquito, será registrado en la historia Venezolana como “un día de luto y dolor”.
“El 15 de enero quedara registrado como un día de luto y dolor. El piloto Óscar Pérez y un grupo de acompañantes sorprendieron al país rodeados y anunciando su rendición para ponerse en órdenes de la Fiscalía para ser imputados como corresponde, pero la sorpresa para Venezuela y el mundo fue la respuesta del gobierno”, afirmó el asambleísta.
Presencia de un colectivo en la masacre
Además, cuestionó la presencia de Heyker Vázquez, quien era un colectivo, en el lugar del ejecutamiento.
“Una de las irregularidades fue que un grupo incursionó y le dio un tiro de gracia a los siete ciudadanos que ahí estaban. Hay hechos turbios en este caso. Por ejemplo, ¿Qué hacia Heyker Vázquez ahí? Al preguntar porque estaba haciendo un colectivo vestido de Faes el gobierno no dio respuesta”, dijo.
También icusó a Diosdado Cabello y Freddy Bernal por “estar vinculados a Heiker Vásquez y no decir ni una palabra al respecto”.
¿Irrespetando a Maduro?
Además, aseguró que la masacre se llevó a cabo por una contraorden dada por funcionarios del gobierno, a pesar que el presidente Nicolás Maduro haya dado la orden de negociar la vida de estas siete personas.
“El presidente Maduro dijo que se negociara la vida de Óscar pero hubo una contraorden para matarlos. Y en vez de aplicar los correctivos, actuó como un cobarde y no hizo valer su palabra”, aseveró.
“Óscar no está enterrado en el Cementerio del Este”
Por otra parte, Pirela aseguró que a pesar de no haber terminado la investigación por parte de la AN, suponen que en el Cementerio del Este, lugar donde se dijo que estaba enterrado el cuerpo del exfuncionario del Cicpc, no se encuentra el cadáver de dicho policía.
“Fuentes confiables indican que en el Cementerio del Este no está el cuerpo de Óscar Pérez y el Gobierno tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo porque todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos humanos”.
“El gobierno no respetó ni el dolor de una madre”
Del mismo modo, en su derecho de palabra, el parlamentario Winston Flores relató como la madre de uno de los muertos contó que pasó toda la noche planchando una camisa para enterrar a su hijo con su ropa favorita, y los funcionarios del estado no dejaron vestirlos para el entierro.
“Una de las cosas que más dolor puede dar fue que las madres de estos difuntos llevaron la ropa para los cuerpos de sus hijos y no les permitieron ponérsela. Esto que ocurrió fue un secuestro en plena luz del día”, denunció.
“No eran terroristas”
“Queremos limpiar el nombre de estos siete venezolanos, ninguno de ellos era terroristas. Todos sabemos donde están los terroristas de este país. Esto fue una ejecución extrajudicial y limpiaremos el nombre de estos venezolanos cuyo único delito fue pensar distinto”, aseguró el diputado Franklyn Duarte.
También calificó a los funcionarios del gobierno como “animales, brutos y bastardos”, por llevar a cabo este crimen y aseveró tener pruebas que serán presentadas a instancias internacionales para hacer justicia.
“Son tan animales, tan brutos y tan bastardos que hay evidencias que tenemos, y que no presentaremos aquí para que no se contaminen, porque decidimos que las llevaremos a instancias internacionales”, dijo Duarte.
La persecución continua
La diputada Adriana Pichardo, denunció que la persecución por parte del gobierno bolivariano contra cualquier allegado a Óscar Pérez continua.
Según los registros de la comisión en la que forma parte, hay “32 venezolanos, entre ellos, 20 civiles, 10 militares y 2 familiares directos, detenidos por la dictadura”, ya que a su criterio este gobierno “han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias”.
También confirmó que la madre de uno de los detenidos por esta masacre denunció que ingresaron violentamente a su casa y amenazaron a familiares con matarlos.
“La madre de Antonio José Pérez Cisneros denunció que un comando ingresó a su casa y amenazaron a niños con matarlos para ‘encontrar fusiles y dólares’ que según tenían escondidos. Exigimos pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo”, indicó.
“Fiscalía y Defensoría son cómplices de esta masacre”
“La omisión y ausencia del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo los hace cómplices de esta ejecución El Artículo 3 de la Declaración Universal de derechos humanos indica que todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad personal”, denunció María Gabriela Hernández, diputada por el estado Monagas.
Del mismo modo indicó que “el mensaje de Pérez y su invocación del Artículo 350, no es distinto de lo que esta Asamblea hace, aunque las formas sean diferentes”, ya que según la diputada “todos coincidimos en que este es un régimen que se opone al pueblo venezolano”.
También condenó que el Gobierno bolivariano aplicó la pena de muerte a pesar que el derecho a la vida en Venezuela es inviolable, según la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Estado venezolano: El mayor violador de los Derechos Humanos
La asambleísta Dennis Fernández catalogó al estado venezolano “como el mayor violador a los derechos humanos”, y exigió que se encuentre un culpable a esta masacre, ya que “no debe quedar impune”.
Para finalizar, la diputada Delsa Solórzano presentó una secuencia de vídeos donde se exponen los hechos ocurridos en El Junquito y se puso observar que se utilizaron armas de guerra en contra de estas personas.
También aseguró que el caso se encuentra ya en instancias internacionales y que ya han “tenido una extensa audiencia en Suiza con el alto comisionado de la ONU a quien ya se le consignó el expediente”.
La parlamentaria también mostró la cadena de mando que dirigió la operación donde fue ejecutado Óscar Pérez. Según Solorzano, actúo el Sebin, la PNB y el FAES.
“Se solicitó la comparecencia de todos los funcionarios de la cadena de mando involucrados en el hecho y ninguno respondió. ¿Qué hacían Freddy Bernal y el miembro de un colectivo que según también era un funcionario policial en el sitio?”, cuestionó la diputada.
También denunció que el gobierno destruyó el lugar donde se ejecutó la masacre, a pesar de ser esto inconstitucional, y afirmó que el gobierno buscaba hacer esto con los cadáveres de Pérez y los otros sublevados.