Operativos interinstitucionales vienen realizándose en diferentes lugares del país para verificar la situación de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en los municipios receptores de éstos, con el fin de invitarlos a cumplir con la normatividad migratoria y la de uso del espacio público. Así lo reseña lanacionweb.com
De acuerdo con una nota de prensa del organismo migratorio colombiano, la idea es salvaguardar los derechos de la población venezolana así como los derechos de las comunidades que solidariamente les han abierto las puertas.
En los operativos, que son realizados en el marco normativo vigente, se revisa la situación migratoria con el fin de facilitar la movilización de quienes tienen su documentación en regla y van en tránsito hacia alguna zona, y de invitar a los demás a que regularicen su situación.
A los portadores de Tarjeta de Movilidad Fronteriza que ya han superado el tiempo de permanencia permitido, se les indica que deben abandonar voluntariamente el territorio nacional colombiano y seguir utilizando esta tarjeta para el fin autorizado, que es entrar al país para moverse por los municipios de frontera hasta por 7 días.
Aquellos que no acogen el llamado de las autoridades, se les inician actuaciones administrativas individuales. Migración Colombia ha apoyado la movilización de los venezolanos hacia las zonas de frontera para brindar acompañamiento humanitario a aquellos que voluntariamente han decidido abandonar el territorio nacional.
La Cancillería ha reforzado los esquemas de articulación y ha estructurado un Sistema de Atención Temporal (SAT) que dispone de un Puesto de Mando Unificado encargado de monitorear y analizar las situaciones generadas en territorio fronterizo por las alteraciones de los flujos migratorios; en esta instancia participan: la Cancillería, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la Alcaldía Municipal representada por las Secretarias de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo, Gobierno y Salud; además acompañan el proceso la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.