La dirección de la Unión Socialdemócrata (CSU), los socios bávaros de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera la canciller alemana, Angela Merkel, aprobó hoy por unanimidad el pacto de gobierno con los socialdemócratas, cerrado ayer en Berlín.
La CSU, que, según el acuerdo, ocupará tres de los catorce ministerios del futuro gobierno, fue el primer partido en dar luz verde al pacto de coalición, a la espera de que la CDU celebre un congreso y de que los militantes socialdemócratas voten en una consulta, que tendrá carácter vinculante.
Entre los principales logros de la CSU está el haber conseguido la cartera de Interior, de la que se responsabilizará el líder del partido y primer ministro bávaro, Horst Seehofer.
Ese Ministerio, que tendrá también las competencias en materia de vivienda y desarrollo regional, es el encargado de la política de inmigración y refugiados, clave para los conservadores bávaros.
Por Baviera entraron al país durante la pasada legislatura cientos de miles de solicitantes de asilo y Seehofer se convirtió en uno de los dirigentes políticos más críticos con la política de acogida de Merkel, ejerciendo de oposición dentro de las filas conservadoras.
En manos de la CSU quedarán también las carteras de Transportes e Infraestructuras Digitales, y de Desarrollo y Cooperación Económica.
Por su parte, la CDU de Merkel celebrará un congreso el 26 de febrero en Berlín para dar luz verde al acuerdo de coalición, según informó ayer la formación tras una reunión de su cúpula.
En ocasiones anteriores los acuerdos de coalición negociados con otras fuerzas se habían sometido sólo a la dirección del partido, pero en esta ocasión votarán un millar de delegados.
El Partido Socialdemócrata (SPD), el tercer firmante del texto, se ha decantado por realizar, como hace cuatro años, un referéndum vinculante entre su militancia, próxima en la actualidad a los 464.000 afiliados.
Ésta es la consulta de resultado más incierto, ya que diversos sectores de los socialdemócratas están haciendo campaña en contra del acuerdo, cerrado más de cuatro meses después de las elecciones. EFE