Vivir sobre el país es una expresión en desuso cuyo significado remite al hecho de mantenerse a costa ajena mediante artimañas. Vale decir, algo se extiende en el tiempo recurriendo para ello a procedimientos deleznables. En los tiempos de la autodenominada revolución bolivariana la frase se reedita con áspera vigencia para desgracia de la infinita mayoría de los venezolanos. Entre 2012 y 2013, a confesión de uno de sus principales responsables, en ese entonces aliado de otros responsables que todavía permanecen enquistados en los intersticios del mando, la prosperidad del país y de su gente se sacrificó sin miramientos al endeudar la nación y dilapidar inconmensurables recursos oficiales con la única finalidad de permanecer en el poder a troche y moche. Sin la vergüenza propia de la decencia, tal personaje reconoció que en esos meses se vivió sobre el país.
Hoy, la patraña continúa sin variación de ningún tipo. Para agenciarse apoyo electoral de cara a comicios cercanos se incurre en desembolsos improductivos que no tendrán retorno alguno medido en salud, educación o empleo para la población, por ejemplo. De nuevo, de manera asaz irresponsable se tiran a saco roto los dineros disponibles que la sociedad demanda se utilicen para atender sus necesidades descomunales. Otorgar el «bono de carnaval» (setecientos mil bolívares) a ocho millones de personas implica desembolsar cinco billones seiscientos mil millones de bolívares. Eso significa gastar en nada tangible 14% del presupuesto nacional de 2018 que alcanza a 36 billones 102 mil 59 millones de bolívares. Pagar el «bono del día de la juventud» (setecientos mil bolívares, igual) a dos millones quinientas mil almas se traduce en utilizar a tales fines un billón setecientos cincuenta mil millones de bolívares; o sea, 2,77% del presupuesto nacional de este año. Es decir, sin que eso sirva para mejorar realmente a presente y futuro la condición de vida de los destinatarios, en apenas mes y medio del año que transcurre, en este par de «bonos» se cuela 16,77% de los recursos pautados para cubrir todas las responsabilidades del Estado venezolano en doce meses. La suma de lo destinado a ambas erogaciones arroja como resultado un total de siete billones trescientos cincuenta mil millones de bolívares, más de lo estipulado en el presupuesto nacional para el situado constitucional (6,4 billones de bolívares). El punto es que las gobernaciones y las alcaldías generan empleo, brindan servicios de salud, seguridad, educación, colocan alumbrados, reparan carreteras, etcétera. Es decir, sí ayudan al mejor vivir de la gente. Estos «bonos» no.
Gastar 16,77% del presupuesto nacional 2018 en la cancelación de los «bonos» referidos implica triplicar en la práctica el monto asignado al sector salud en este mismo presupuesto, que según la presentación oficial ante la ANC reportada por la prensa alcanza 5,5% de tal instrumento directriz de las cuentas nacionales. Mientras esto ocurre, un trabajo de investigación denominado Encuesta Nacional de Hospitales, realizado el año pasado por la organización Médicos por la Salud en conjunción con la Asamblea Nacional, alertaba que 60% de los servicios de salud estaban paralizados, que cuando menos 70% de los equipos médicos no estaban operativos y que 50% del personal formado para afrontar esta lides había abandonado el sector, en buena medida para marcharse del país. Paralelamente, también lo reflejó la prensa, organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de los problemas relacionados con la salud advierten que hay cerca de cuatro millones de compatriotas a los cuales se les dificulta en extremo adquirir medicamentos y otros 300.000, los que sufren males crónicos, no tienen acceso a los fármacos de alto costo que tanto requieren.
Lástima de carnavales donde se vive sobre el país y las caretas no logran ocultar el rostro cruel de quienes se esconden tras ellas.
Historiador
Universidad Simón Bolívar
@luisbutto3