El endurecimiento de los controles migratorios en varios países latinoamericanos supone un obstáculo insuperable para muchos venezolanos que no pueden reunir los papeles necesarios para salir de su país, publica El Espectador.
A la sombra del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión económica ha sido un desastre, han surgido muchas actividades clandestinas: mafias que producen bitcoins, grupos que consiguen comida y medicamentos, y gestores de pasaportes, quizás el negocio más rentable del momento. Según datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, 1’300.000 venezolanos han salido del país desde 2014, la mayoría empujada principalmente por la inseguridad (26.616 muertes violentas en 2017), la inflación de 2.616 % y una caída del Producto Interno Bruto de 15 %.
El gobierno venezolano decidió entonces tomar cartas en el asunto: muy al estilo del madurismo, puso trabas para tramitar el pasaporte, además de anular los de algunas personas. El proceso comenzó en julio del año pasado, cuando les cancelaron el documento a políticos, periodistas, artistas y todo aquel que criticara al Gobierno. En palabras del ministro chavista Elías Jaua, “nosotros no nos ponemos a llorar porque nos anulan el pasaporte, como algunos que están quemando a Venezuela y se van todas las semanas para Nueva York”.
Pero como las críticas y el malestar se extendieron a otra parte de la población (75 % de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro, de acuerdo con un estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) comenzó a demorar el proceso para obtener el pasaporte. Así, los venezolanos deben esperar hasta un año el documento. Muchos no resisten y deciden emigrar ilegalmente: se calcula que dos de cada tres venezolanos ingresan a Colombia sin papeles.
Ante las quejas por la demora de los trámites, el Saime renovó su página web y ofreció la opción de “pasaporte exprés electrónico”, que funciona solamente para quienes piden el documento de viaje desde Venezuela. Agilizar el documento vale 234.000 bolívares, pero, curiosamente, la página no funciona, tampoco la plataforma de pagos. La cita para la renovación aumentó en enero a 166.000 bolívares, pero lograr un cupo es tarea imposible. Muchos de los que están en el extranjero han quedado indocumentados, pues no lo han podido renovar, lo que los expone a perder sus trabajos o a ser deportados.
Antonio Ledezma, el exalcalde metropolitano de Caracas que escapó de su prisión domiciliaria en Venezuela el año pasado y hoy vive en España, dice que la falta del documento es una tortura para los venezolanos en el extranjero. “Esto es perversión: ¿cómo agarran un tren sin identificación? ¿Cómo abren una cuenta de banco? Es tan perverso como que te golpeen con una madurria”, comentó. Por eso les pidió a las autoridades españolas una solución de emergencia para que los 68.000 venezolanos que viven en España no queden indocumentados.
La situación cambia si el viajero consigue un gestor: funcionarios y exfuncionarios del Saime que por una jugosa cifra de dinero (entre US$6.000 y US$10.000, según denuncias) tramitan el pasaporte en tiempo récord. Ya hay cientos de mafias dentro del servicio administrativo que hacen alianzas con otras instituciones chavistas para detectar posibles clientes. Incluso ponen mensajes en Twitter ofreciendo su servicio como los más rápidos en el trámite.
En las afueras de la entidad hay decenas de venezolanos que llegan cada día a preguntar por el tiempo de espera. La respuesta es la misma: “Tiene que esperar. No hay material”. Así es, la más reciente excusa del Gobierno es que no hay papel para entregar el documento. El coordinador general de Provea, una ONG venezolana, denunció en su cuenta de Twitter el año pasado que “amiga pagó 800 mil bs por renovar pasaporte. Con la excusa ‘no hay material’, corrupción sigue a paso de vencedores”.
En octubre del año pasado, Juan Carlos Dugarte, director del Saime, reconoció que la demanda de pasaportes “es muy alta y no coincide con la cantidad de personas que viajan”. Según un reporte del diario El Nacional, Dugarte cuestionó que “más de 1,5 millones de personas pidieron el pasaporte en 2016 y no lo usaron”. Dijo que por eso se había aumentado la validez del documento a dos años, pues, al vencer, el 90 % de los pasaportes eran desechados con todas sus páginas sin utilizar. “Es un gasto para la nación porque todos los insumos son importados”.
El funcionario desmintió a comienzo de año que la crisis de pasaportes se deba a la falta de papel moneda y lámina de policarbonato requeridos para su elaboración. En una perla más, en enero de este año, y ante las quejas por las demoras, el Saime dijo en su cuenta de Twitter: “La extensión de vigencia del pasaporte también se tomó como medida para disminuir el impacto ecológico que implica la producción del papel usado en los documentos de la entidad”. Un régimen ecoamigable.
Al frenar la emisión de pasaportes, la oposición sospecha que Maduro busca negar el derecho a voto a los más de dos millones de venezolanos que conforman la diáspora. La Asamblea Nacional Constituyente convocó elecciones presidenciales exprés el próximo 22 de abril.