El hambre y la desnutrición constituyen la violación de un derecho humano, porque este padecimiento involuntario está asociado directamente a conservar la vida. El derecho a la alimentación está establecido en la normativa de las naciones unidas y además consagrado en tratados internacionales y regionales y debe ser de obligatorio cumplimiento de los Estados por tratarse de un derecho humano vinculado al derecho a la vida.
En nuestro país la pobreza, la escasez y la carestía de los alimentos ha generado una grave crisis que ha degenerado en una emergencia humanitaria caracterizada por el bajo consumo, la desnutrición, alto riesgo de enfermedades, cambio de patrones de consumo y la dependencia de millones de compatriotas que se surten de desechos para poder comer. Se estima que más del noventa por ciento de nuestra población carece de ingresos suficientes para comprar la canasta de alimentos fundamental para alimentar satisfactoriamente a su familia.
Estudios realizados por instituciones internacionales, han determinado que más del cincuenta por ciento de nuestra población está consumiendo alrededor de quinientas calorías diarias, cuando lo normal sería consumir entre 1.800 y dos mil calorías. Sectores académicos y varias ONGs nacionales, han detectado graves problemas de desnutrición en los sectores más vulnerables de nuestra población, sobre todo en la población infantil de menores de cinco años y adultos de la tercera edad.
En esta población vulnerable se han detectado la aparición de enfermedades asociadas a los altos niveles de desnutrición. En la población que lamentablemente depende de desechos para comer, se han producido numerosas muertes por ingerir desechos de alimentos con altos niveles tóxicos por su grado de descomposición o por ser residuos de materia prima vegetal no aptos para el consumo humano.
La tragedia humanitaria que padece nuestro país, no ha sido ocasionada por un enfrentamiento bélico o por una catástrofe natural. Asombrosamente para la observación internacional, ha sido causada por la corrupción y la mala gestión de un régimen irresponsable, que se empeñó en aplicarnos un modelo comunista fracasado disfrazado de socialismo. Para mayor tragedia, el paquete económico de este régimen tuvo como norte la destrucción del sector productivo de nuestro país, con notable ensañamiento en el sector agroalimentario.
A pesar de la destrucción de la producción interna el régimen logró mantener un espejismo de bienestar en la población más sensible económicamente, logrando aumentar el consumo con productos importados. Pero varios hechos económicos, los cuales han podido ser previstos y otros evitados por los planificadores del régimen, desataron la crisis: la disminución de los precios del petróleo y la caída de la producción de crudo y de la capacidad de refinación. Además, el régimen ha sido tan ineficiente, que con más de una década gobernando en bonanza económica, no hizo ningún esfuerzo por lograr la diversificación de nuestra economía, para hacerla menos dependiente de la renta petrolera.
El gobierno tuvo oportunidad en el 2014 de enderezar el rumbo aplicando correctivos a su distorsionada política macroeconómica, pero lo que hizo fue mantener su política equivocada, además incrementó las violaciones a la propiedad privada, aumentó los controles e intensificó medidas tendientes a generar mayor inseguridad jurídica en el sector de la producción de alimentos. De allí que consideremos que es el régimen el único responsable de la emergencia humanitaria que padece nuestra nación.
Bajo el entendido que es necesario detener la hambruna que azota a nuestra nación se debe constituir un frente que agrupe a las ONGs que se han dedicado a investigar y proponer soluciones al problema del hambre, a los sectores académicos que a través de sus centros de estudio e investigación han afrontado el problema y a las fundaciones que han dedicado años de investigación al tema del hambre y la desnutrición.
En esta unión de voluntades debe tener participación también la Iglesia Católica y demás organizaciones religiosas, los gremios empresariales de los circuitos de producción agroalimentaria y los gremios profesionales de agrotécnicos. El factor institucional de la política es fundamental como ente aglutinador de la voluntad popular, por ello es imprescindible la presencia de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos.
La finalidad principal de este frente sería en primer lugar denunciar ante las instituciones regionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, la hambruna que azota a nuestra población y la incapacidad que presenta el Estado Venezolano para resolverla. En segundo lugar, y no menos importante, sería el aporte de propuestas concretas para resolver de inmediato la terrible situación que está cobrando vidas en nuestro país y generando un éxodo de miles de compatriotas en la búsqueda de su seguridad alimentaria.
El hambre no espera, esta situación hay que atenderla de manera urgente.
“Los hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras.” Franklin D. Roosevelt, 1944
@fernandocaminop