De una población de 1,6 millones de personas de entre 18 y 24 años de edad que asiste a algún centro de enseñanza superior solo 416.000 logran graduarse, aseguró Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.
El Nacional
El miércoles presentaron en esa casa de estudios los resultados del apartado de Educación de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017, que realizaron la Universidad Central de Venezuela, la UCAB y la Universidad Simón Bolívar.
Del reducido grupo que logra matricularse para iniciar su formación universitaria, 60% abandona las aulas para incorporarse al mercado laboral y contribuir con los gastos del hogar. El alto costo de la vida y los factores que alteran la cotidianidad son, a juicio de la socióloga, los factores que amenazan la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.
La especialista indicó que de 4,2 millones de adolescentes que terminan la educación media, 2,1 millones no ingresan a la universidad y otras 500.000 que son aceptados no la inician o la abandonan rápidamente. “La tasa de desocupación de nuestros jóvenes duplica al índice de desocupación de la población general”, dijo.
Al comparar las conclusiones del estudio el año pasado, señaló que la cobertura de la educación universitaria en todos los estratos sociales cayó de 48% a 38% entre 2016 y 2017. Añadió que los porcentajes se reflejan en el incremento de la exclusión escolar en el grupo etario que culminó el bachillerato y aspira a ingresar a centro de enseñanza superior.
La Encovi 2017 demostró que la pérdida del poder adquisitivo en las clases sociales más aventajadas causó migración de estudiantes hacia centros públicos. Un total de 57% deniños y jóvenes de clase media de 3 a 24 años de edad cursa estudios de formación inicial a superior en instituciones adscritas al Ministerio de Educación. El año pasado el indicador arrojaba una cifra de 45%, lo que representa un aumento de 12 puntos porcentuales.
Exclusión y hambre. Freitez señaló que el porcentaje de alumnos inscritos que asisten a escuelas y liceos es más elevado. De acuerdo con la investigación, de 8,4 millones de niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad acuden a clases 7,3 millones. Sin embargo, 39% de esa población falta con regularidad debido a la deficiencia de los servicios básicos y la falta de comida en los hogares.
“Tenemos 2.800.000 estudiantes que asisten a clases en forma anormal porque deben sortear esas irregularidades”, expresó. La encuesta detalló que 3 de cada 4 niños y adolescentes de bajos recursos que viven en zonas vulnerables interrumpen la escolaridad por falta de comida.
La investigadora enfatizó que pese a que existe un número importante de alumnos de entre 12 y 17 años de edad que asisten a la escuela, cursan un grado distinto del que les corresponde según su edad, lo cual significa que tienen rezago en la trayectoria educativa. Calculó que en el país hay 475.000 adolescentes con rezago severo que supera los 2 años de retraso académico.
Los conflictos en el ambiente familiar y la falta de políticas estatales orientadas a motivar el estudio entre los adolescentes, fomenta la exclusión escolar en este segmento de la población. “La situación empeora cuando los estudiantes son promovidos de una forma u otra, aunque no tengan profesores. Eso genera un estancamiento del rezago”, indicó.
Apuntó que los programas sociales de enseñanza creados en 2003 por el presidente Hugo Chávez, a partir de la Misión Robinson, poco han contribuido a promover la reinserción escolar en los estratos sociales más bajos. Destacó que es prioritaria la elaboración de un mecanismo orientado a proteger el derecho a la alimentación y a la salud de los niños y adolescentes. Añadió que el Estado debe implementar políticas con el fin de ampliar las alternativas de formación para el trabajo.
Demetrio Marotta, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, indicó que la inflación le resta importancia al trabajo formal asalariado como fuente de ingresos para jóvenes y adultos. Añadió que la tasa de desempleo en la población económicamente activa a partir de los 15 años, aumentó de 957.000 personas en 2016 a 1,1 millones en 2017.
El economista puntualizó que de 31 millones de personas en edad de trabajar, 13 millones (58%), cuentan con un empleo. Sin embargo, destacó que de ese porcentaje 46% trabaja informalmente o en ocupaciones elementales que ameritan poca preparación, lo cual contrasta con 15% del segmento poblacional que según el estudio está integrado por profesionales especializados en educación superior.