La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró hoy como “casi inhumana” la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar los programas que permitían la residencia temporal de varios grupos de inmigrantes, entre los cuales están los jóvenes conocidos como “soñadores”.
“Me perdonarán la expresión, pero es casi inhumano”, declaró la comisionada Margarette May Macaulay en referencia a las nuevas políticas de migración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una audiencia pública en Bogotá para tratar la problemática.
El relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión, Luis Ernesto Vargas Silva, reiteró que la CIDH “exhortaba” y hacía “un llamado” al gobierno norteamericano a garantizar los derechos de las personas afectadas por los cambios en política migratoria.
Trump canceló en septiembre de 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permitía la residencia en Estados Unidos a los jóvenes que llegaron ilegalmente siendo menores de edad, el colectivo conocido como “soñadores”.
También sacó del programa Estatuto de Protección Temporal (TPS en inglés) a los inmigrantes de Nicaragua el año pasado y a los de Haití y El Salvador a inicios de este año, un programa que protegía de la deportación a las personas que llegaban a Estados Unidos desde estos países, acuciados por los desastres naturales o conflictos civiles que padecían.
El representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en la audiencia, Francisco Quintana, denunció que estas decisiones “violan los derechos humanos” en materia de “separación de familias y afectación a los derechos del niño”.
El vocero de la Cejil también recordó que “los países donde estas personas serían deportadas todavía presentan altos índices de criminalidad, violencia e impunidad”.
Por su parte, el representante de Estados Unidos en la audiencia, James Bischoff reivindicó el derecho del país de “excluir, omitir, expulsar y decidir qué hacer con los residentes” de manera “independiente”, y trasladó a la CIDH su preocupación por la “tendencia” de la comisión de “convenir en asuntos locales y domésticos”.
El programa DACA fue aprobado en 2012 por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, mientras que algunos de los TPS llevaban cerca de 20 años en funcionamiento.
“En muchos casos, más de 275.000, los hijos de las personas beneficiarias son ya ciudadanos norteamericanos”, alertó Quintana.
El relator Vargas defendió ante los representantes estadounidenses la función de la CIDH por su obligación de “pronunciarse” y “fijar posiciones” cada vez que “haya una violación de derechos humanos”.
“Hablamos de la afectación de cientos de miles de personas que crecieron en Estados Unidos y que de una u otra forma aportaron a su grandeza, crecieron con sus costumbres, y ahora son sorprendidos por las decisiones del gobierno (de Trump)”, concluyó el relator.
EFE