Las elecciones para el próximo 22 de abril niegan los principios de igualdad e imparcialidad consagrados en las leyes de la República, incluyendo la Carta Magna. Esta convocatoria es sobrevenida ante el interés del gobierno que esta elección se produzca en esta fecha y bajo las condiciones que actualmente le son más favorables. Esta convocatoria solo se corresponde con la agenda política del partido de gobierno, situación que resulta inaceptable.
Nota de Prensa
Históricamente las elecciones presidenciales se preparan con seis meses de anticipación porque solo así se pueden garantizar los principios constitucionales de transparencia, igualdad, despartidización de los organismos subalternos, imparcialidad y, sobre todo, el rol protagónico del pueblo venezolano en los asuntos políticos del país. En la actualidad y a la luz de esta convocatoria el Consejo Nacional Electoral no presenta las garantías mínimas de independencia e imparcialidad requeridas.
Preocupa que ante el reclamo de los distintos actores políticos, económicos y sociales como la iglesia, la academia, el sector empresarial, partidos políticos, sindicatos y demás instituciones que mayoritariamente representan a la sociedad en su conjunto; se siga insistiendo en la ilegal convocatoria electoral.
Debemos exigir a los órganos del Poder Público se cumpla lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes que rigen la materia electoral. Porque realizar de manera extemporánea unas elecciones de esta importancia y magnitud constituye delitos de lesa humanidad que evidentemente no prescriben.
Razón por la cual, apoyamos enfáticamente el documento publicado por la Conferencia Episcopal y que cuenta con el respaldo de gran parte de otras apreciadas instituciones fundamentales del País. Consideramos que la democracia requieres de elecciones libres, confiables y transparentes. Cualquier futuro proceso electoral solo tendrá credibilidad y legitimidad si cumple de manera estricta con estas garantías.
Apelamos a la conciencia ciudadana para hacer respetar nuestros derechos. Evidentemente violentados al no existir condiciones de participación electoral justas y equilibradas.
Nota de Prensa