Apreciados Representantes, como padres que somos, nos gustaría que estuviesen al tanto de lo que está sucediendo, es justo escuchar la versión de nuestra Comunidad, amparada por las Leyes y el Derecho, para formarse una visión real del asunto:
¿Conocen ustedes los informes técnicos de Bomberos y Protección Civil que demuestran los problemas de deterioro que sufre el inmueble?
¿Saben que la calle ciega donde se encuentra el inmueble es tan angosta que la circulación en doble vía, con carros estacionados es imposible y que el inmueble solamente tiene dos (2) puestos de estacionamiento?
Pasamos ahora a dar respuesta y aclarar las anteriores y otras interrogantes:
La Comunidad Organizada, integrada por las familias propietarias y/o residentes de la Urbanización Santa Marta, ubicada en el Municipio Baruta del Estado Miranda, siendo coherentes y respetando el Ordenamiento Jurídico como un todo y que establece las normas de convivencia, respeto y funcionamiento social, queremos dar respuesta al Comunicado emanado de la administración de la Empresa MADISON LEARNING CENTER COMPAÑÍA ANÓNIMA, que circuló a partir del día 26 de febrero pasado, en redes sociales, como reacción a las noticias que igualmente han circulado en los medios, alertando de la situación irregular que estamos padeciendo los vecinos de Santa Marta, ante la pretensión ilegal del MADISON, de instalarse en un inmueble, casa quinta, cuya zonificación es residencial, para vivienda unifamiliar, haciendo uso de un CUESTIONADO PERMISO DE USO COMPLEMENTARIO.
Reiteramos nuestra posición de Respeto a la larga trayectoria de excelencia educativa de la mencionada Empresa.
El asunto que nos ocupa es ajeno a la calidad de la educación que imparten. No es infundado el temor que tenemos los vecinos, en cuanto al ataque directo que el MADISON ha realizado en contra de nuestro sistema de seguridad, que se apoya principalmente en una Garita de Vigilancia, resguardada por personal y controles automáticos de acceso para propietarios y residentes, así como intercomunicadores para el acceso de visitantes. El MADISON intentó en el mes de enero del corriente, un RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, atacando nuestros derechos fundamentales, también protegidos por la Constitución, al pretender ( leer el recurso, es un documento público) que modifiquemos nuestros sistemas de control para el ingreso, así como la remoción de rejas y barreras de acceso y salida de la urbanización.
Nuestro sistema fue diseñado para resguardarnos de la delincuencia, en ningún momento, para molestar. Como bien sabemos, nadie escapa a los problemas de falta de repuestos para los motores y elementos electrónicos que forman parte del sistema, aparte de accidentes que han causado la inhabilitación de nuestra puerta de salida, todos estos siniestros los tenemos documentados. El derecho a la vida, al resguardo de la integridad física, el resguardo de nuestros bienes, el derecho a proteger a nuestros ancianos y el no menos importante, derecho a defender el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas Municipales y mandatos de los entes Administrativos competentes.
Desde el primer momento, nuestra comunidad buscó un acercamiento para conocer de qué se trataba el proyecto del MADISON, pues evidentemente, alteraría la dinámica de nuestra urbanización, debido a que en la quinta ALIMAR durante los últimos años, funcionó una guardería, que escasamente atendía una “plantilla” de siete (7) niños y que por el franco deterioro de sus instalaciones presumíamos cesaría de funcionar en cualquier momento. Prueba de esto tenemos en todos los correos que les enviamos, invitando al MADISON a nuestras Asambleas Extraordinarias inclusive convocadas especialmente para que la comunidad pudiera oírlos y también exponer sus razones.
Pruebas fehacientes del estado de ruina, son los Informes emanados de LA COMANDANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL, PROTECCIÓN CIVIL BARUTA, INSTITUTO AUTONOMO DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, INGENIERÍA MUNICIPAL DE BARUTA Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, éste último realizado el pasado miércoles 28 de febrero de 2018. En todos estos informes se dejó constancia de que en el inmueble “NO hay actividad Escolar” y de que el mismo “NO es apto para actividad escolar”.
Cabe mencionar, que el Instituto de Protección al Menor, nos EXONERÓ como Comunidad y como Asociación de Vecinos, por constatar que en ningún momento hemos violado el Derecho superior a la Educación de los niños, pues en nuestra urbanización NO funciona un Colegio.
Respondemos a las tres (3) exigencias arbitrarias de la Empresa MADISON:
A la Urbanización Santa Marta, por su ubicación sin salidas o comunicación con otras vías de paso o zonas aledañas, solamente pueden ingresar aquellas personas que visiten a un residente de la Urbanización. Como dentro de esta zona residencial, unifamiliar, no están permitidas actividades, comerciales o educacionales, los directores, personal administrativo, maestras, padres y representantes y niños, no tienen interés en acceder a la urbanización. Todos los permisos que tenía Alimar están, unos suspendidos por una medida cautelar, otros perdieron vigencia y los permisos técnicos, como el de Bomberos o los que otorga el Ministerio de Educación, están vencidos sin posibilidad inmediata de renovación, debido al estado de ruina del inmueble y a la orden de Ingeniería Municipal de no realizarlos hasta tanto se decida sobre la NULIDAD ABSOLUTA del cuestionado Oficio que otorgó el permiso.
Nuestra Comunidad lo que está exigiendo es que se respeten los procedimientos en curso, de los cuales depende directamente la operación de tal Empresa en nuestra urbanización. Nosotros acataremos la decisión, esa es la actitud ciudadana. Los administradores del MADISON han actuado de manera negligente, frente a su comunidad de padres y representantes, al esperar hasta el último momento en que debían hacer entrega del inmueble que hoy día aún ocupan, creando una falsa expectativa en su comunidad de mudanza a Santa Marta, existiendo controversia sobre el uso indebido del inmueble Alimar. En vez de ubicar una sede adecuada a su plantilla y adecuada al monto de su matrícula, pretenden hacinar a más de 90 niños en una edificación en franco estado de ruina.
A sus preguntas respondemos:
Desconocemos las direcciones de habitación de su estudiantado, eso es un asunto irrelevante. En Baruta hay una oferta inmensa de planteles educativos para niños en edad preescolar y de inmuebles permisados y más adecuados para instalarse.
No hemos impedido el acceso a un colegio porque en nuestra urbanización no funciona colegio alguno.
Irrelevante en cual Municipio fuimos educados los habitantes de Santa Marta.
No estamos impidiendo la educación de los niños, en todo caso los estamos protegiendo por advertir a sus padres sobre el estado de ruina del inmueble y la ausencia de permisología para operar un Colegio. Quienes están violando esos derechos, son quienes actuando con negligencia, no supieron ubicar o construir una sede adecuada y a tiempo, queriendo trasladar su problema a terceras personas.
El hecho de que en El Cafetal se hayan violado de manera indiscriminada los usos de los inmuebles violando las Ordenanzas de Zonificación, no es excusa para continuar haciéndolo, permitiendo el desorden social y la anarquía urbanística.
No tiene objeto entablar una conversación sobre nuestro sistema de vigilancia o acceso con personas ajenas a nuestra comunidad.
El Preescolar Alimar, funcionó con una plantilla de siete (7) infantes dejados en cuido y en vías de extinción por ruina y deterioro, cerrando sus actividades a comienzos de 2017. Llegó así el momento propicio para que la comunidad tuviera la oportunidad de solicitar la nulidad absoluta de ese cambio de uso aislado, taxativamente prohibido y disfrazado de uso complementario y así lo hicimos, asistidos de nuestros derechos constitucionales y superiores. Concluimos invitando a la Sociedad de Padres y Representantes de MADISON LEARNING CENTER C.A. a ponerse en contacto con nuestra Asociación de vecinos AVESAMAR, para enterarse y documentarse de la otra versión de los hechos y del derecho. Los responsables de estar poniendo en peligro la educación de sus hijos, son las mismas personas que administran las instalaciones del MADISON, no los vecinos que defendemos nuestros derechos.