A diario una marea humana se moviliza en la porosa frontera binacional. Muchas son las cifras –algunas astronómicas– de lo que algunos medios locales han llamado el éxodo venezolano. Christian Krüger Sarmiento, director general de la Unidad Administrativa Migración Colombia, explica desde su oficina en Bogotá lo que ha significado la llegada de miles de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria que azota al país, reseña El Nacional.
—¿De que tamaño es ese éxodo? ¿Cuándo comenzó a ser percibido como un fenómeno fuera de lo normal?
—Hay varios momentos críticos. A finales de 2017 informamos a la opinión pública que más de 550.000 venezolanos se encontraban en territorio colombiano. En 6 meses la cifra se había duplicado: 62% más que a mediados del mismo año. El 19 de agosto de 2015 el gobierno venezolano decretó el cierre de su frontera con Colombia y deportó abruptamente a más de 2.000 colombianos. Ese ocasionó el retorno de cerca de 18.000 connacionales. Fue una gran crisis. El último fin de semana de julio y el primero de agosto de 2016, cuando el gobierno de Venezuela reabrió temporalmente su frontera, solo por el Puente Internacional Simón Bolívar registramos el ingreso de más de 400.000 ciudadanos venezolanos. Otra crisis. Durante el primer mes de reapertura de la frontera, Migración Colombia registró un promedio de ingreso diario de cerca de 50.000 venezolanos. Durante los casi 4 meses restantes se atendieron más de 14 millones de registros, discriminados en 7.133.167 ingresos y 6.987.013 salidas. Desde entonces el flujo no se ha detenido.
—¿De cuántos tipos de migración se trata?
—Hablamos, primero, de una migración pendular, la que se da en las zonas de frontera entre los dos países y se caracteriza por la continua entrada y salida de viajeros a lo largo del día. Luego, una migración de tránsito, la que utiliza al territorio colombiano como lugar de paso hacia terceros países. Y, por último, una migración con vocación de residencia, venezolanos que vienen interesados en radicarse en nuestro país. Cada modalidad genera cifras distintas. Por ejemplo, según nuestras mediciones, en el año 2017 se registró un incremento de 109% en el flujo de salida de ciudadanos venezolanos del territorio colombiano. Pasamos de un poco más de 311.000 en 2016 a más de 652.000 en 2017. En el Puente Internacional de Rumichaca en Nariño, la salida de Colombia a Ecuador, pasamos de 32.000 salidas de venezolanos en 2016 a más de 231.000 en 2017. Un incremento superior a 600% en el flujo de venezolanos en condición de tránsito.
—¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido las medidas y programas oficiales para atender esta emergencia?
—Medidas rápidas para facilitar la movilidad sin descuidar la seguridad. La primera de ellas, dirigida a la migración pendular, fue la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. En la actualidad tenemos más de 1.600.000 venezolanos usuarios de la TMF. Otra medida es el Permiso Especial de Permanencia, que busca regularizar la situación de quienes ingresaron de forma regular pero luego se quedaron. Actualmente estamos en la segunda emisión del PEP, que permite legalizar a quienes entraron antes del 2 de febrero. A la fecha están registrados más de 163.000 venezolanos. El PEP tiene una vigencia de 2 años. Le permite a su portador regularizar su situación migratoria, acceder al sistema bancario, trabajar, estudiar e incluso cotizar en el sistema de salud y pensiones, entre otros. La condición es ser ciudadano venezolano, haber sellado su pasaporte en un puesto de control migratorio habilitado y no tener antecedentes judiciales.
—¿Y qué ocurre con los venezolanos en situación ilegal?
—En Colombia el ingreso y permanencia irregular de un migrante no constituye delito alguno, en consecuencia no debe calificarse de ilegal. Cuando un extranjero se encuentra incurso en causal de la normatividad migratoria vigente se considera irregular. La situación de irregularidad genera una actuación administrativa, cuya consecuencia sancionatoria puede ser, en el caso de los venezolanos, la cancelación de la TMF o la imposición de una multa e incluso la deportación.
—¿Hay muchos venezolanos en esa situación?
—En lo que va de 2018 se han impuesto 947 sanciones administrativas a ciudadanos venezolanos, de las cuales 124 corresponden a deportaciones y 27 a expulsiones.
—Sin embargo, así como algunos agradecen la solidaridad acá recibida, otros cuestionan la expulsión forzada de venezolanos.
—La situación no es fácil. Tratamos de que todo fluya apegado a la ley. Aquí todos estamos aprendiendo. Los venezolanos no tenían experiencia emigrando. Colombia tampoco recibiendo grandes oleadas migratorias. Para la Dirección de Migración el migrante es mucho más que una simple cifra y por eso cada caso que llega a nuestra entidad es analizado de forma individual. Es un enfoque de derechos humanos. Más que sancionar al extranjero lo que buscamos es que este entienda que al momento de migrar, así como tiene unos derechos, también tiene unos deberes ante el Estado colombiano y como tal debe cumplirlos.