Tres de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil votaron el martes contra un pedido de habeas corpus preventivo que busca evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea arrestado para cumplir una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
El fallo sin embargo no será pronunciado hasta que los cinco magistrados hayan votado, pues durante los debates tienen derecho a cambiar de parecer.
El rechazo del habeas corpus preventivo reducirá las posibilidades del exmandatario de 72 años de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación.
“Deniego” el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, al unísono con sus dos predecesores durante audiencia que se llevó a cabo en una pequeña sala, con un crucifijo detrás del estrado de los magistrados y una bandera brasileña a un lado.
“La última palabra es siempre del Supremo Tribunal federal (STF, corte suprema)”, declaró.
La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales viola su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.
– Condenado –
Figura clave de la izquierda brasileña, Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.
Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.
Fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.
“Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones”, dijo esta mañana a la radio local Metrópole.
En 2016 el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada eran pasibles de ser arrestados, una decisión que buscó limitar los aplazamientos de las ejecuciones de penas mediante la multiplicación de recursos, un arma esencial de la Operación Lava Jato -junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción púbico privadas.
El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, interpretó que el máximo tribunal solo se había pronunciado “sobre la posibilidad” de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.
Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.
“El día que la policía o la Fiscalía general prueben que recibí un solo real saldré de la vida pública”, afirmó el martes en una entrevista con radio Metrópole, del estado de Bahia.
En una entrevista con la AFP la semana pasada, el exlíder sindical admitió que piensa “todos los días” en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.
– Tierra de recursos –
La decisión de este martes estará limitada al habeas corpus y no bloqueará otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante STF.
De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante la corte suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.
En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que Lula se postule a las elecciones de octubre, por tener una condena ratificada en segunda instancia.
“Espero que las personas que me van a juzgar hoy en el STJ lean el proceso, lean las acusaciones y la defensa y permitan que el pueblo me juzgue en octubre”, señaló el exmandatario en sus declaraciones radiales.