Cuando Colgate-Palmolive en Venezuela comenzó a vender en enero el litro de detergente líquido para ropa al equivalente de 1,40 dólares, recibió un mensaje de la administración del presidente Nicolás Maduro: el precio es muy alto y hay que rebajarlo casi un 90 por ciento.
El gobierno, que regula decenas de precios de rubros básicos, ordenó a empresas como Nestlé o Coca Cola Femsa regresar a los que ofrecían en diciembre, para intentar frenar la incontenible escalada que llevó la inflación anual sobre 4.000 por ciento, según la medición del Congreso opositor. Pero muchas firmas se resistieron.
La filial de la estadounidense Colgate-Palmolive detuvo la producción del detergente Vel Rosa después de que el ente regulador, Sundde, le instó a reducir a 0,16 dólares el precio. En una carta del 2 de febrero a la que tuvo acceso Reuters notificó al organismo que a ese precio no podían traer materia prima para operar.
Una semana más tarde y tras conversar con las autoridades, la planta que produce el detergente reanudó las operaciones y pasó a venderlo por 83 centavos en envases de medio litro, lo que se tradujo en un aumento del 19 por ciento, dijeron dirigentes sindicales y empleados de la instalación.
Ni la empresa ni el Gobierno suministraron a Reuters información sobre la negociación que relatan las fuentes al interior de la compañía.
Sin embargo, el forcejeo deja ver cómo las multinacionales parecen estar asumiendo un rol más agresivo frente a las medidas del Gobierno.
Y estas tensiones, según asegura casi una decena de fuentes, dificultan aún más unas operaciones que mantienen ya en mínimos para preservar algún espacio en el atribulado país, sumido en una recesión y desde hace semanas sometido al caos de la hiperinflación.
Aumentos o paradas
“Todos los rubros deben volver al precio de diciembre. No vamos a aceptar ningún precio especulativo”, afirmó a mediados de enero el vicepresidente, Tareck El Aissami, acusando a los empresarios en una televisora estatal de recrudecer una guerra económica para evitar que Maduro consiga la reelección este año.
El gobierno, que no ofrece datos oficiales sobre inflación desde hace dos años, entró así a revisar cientos de precios, desde la mayonesa hasta la pasta de dientes.
La medida llega en el peor momento para la industria venezolana en décadas. Miles de empresas han reducido su producción y al menos dos de cada 10 están paradas por falta de materiales o pedidos, según la última encuesta de Conindustria, el principal gremio de fabricantes del país petrolero.
Y las que siguen en pie, operan a media máquina para producir una poca variedad de productos.
El día que el vicepresidente anunció la orden presidencial de rebajar precios, una planta de la compañía suiza Nestlé que produce colado de frutas estaba detenida.
Apenas comenzó el año, el gigante mundial de la alimentación había informado sobre la paralización en un comunicado. Pero algunos líderes sindicales consultados creen que la detención continúa porque hay pocos incentivos para traer insumos como la pulpa de manzana y arrancar la producción bajo la última revisión de precios.
“Estamos trabajando con las autoridades para resolver los problemas actuales que afectan las importaciones”, informó Nestlé en respuesta a Reuters. “Siempre cumplimos con las leyes locales y respetamos las regulaciones de precios”, agregó.
Bajo amenaza
Muchas multinacionales excluyeron de sus reportes contables las operaciones que mantienen en Venezuela para evitar el impacto de una economía tan volátil, y desde entonces relatan con menos detalles las dificultades de operar en el país.
Sin embargo, Coca Cola Femsa, la compañía mexicana que distribuye las bebidas de esa marca en algunos países de la región, dijo en un reporte de febrero que “de sus operaciones, solamente Venezuela califica como una economía hiperinflacionaria”.
Bajo ese contexto, la firma no ha dejado de incrementar el precio de los refrescos que comercializa en las últimas semanas y sólo mantuvo sin modificar el del agua mineral envasada, un producto sujeto a regulación de precios, dijeron dos fuentes sindicales.
“La empresa se negó a que le regularan el precio del refresco. La empresa dijo que si lo hacían cerraban las puertas”, apuntó un sindicalista que solicitó permanecer en el anonimato. La compañía no respondió a estos comentarios.
Por Tibisay Romero y Corina Pons/Reuters