Los frecuentes apagones y demás fallas en el servicio eléctrico nacional continúan siendo noticia diaria. Se trata de una calamidad que afecta no solo procesos industriales, sino igualmente al sector comercial y al ciudadano común en su diario trajinar y por la pérdida de alimentos perecederos, al fallar la refrigeración. Esos son los riesgos que se han convertido en una rutina que afecta a la sociedad venezolana por las continuas fallas del suministro de un servicio público ineficiente en todas las etapas del sistema, incluyendo producción y generación de electricidad, trasmisión, distribución y comercialización, además del servicio al cliente, cuyas fallas se expresan en prolongados cortes y apagones, con graves consecuencias referidas para la ciudadanía en general, y con poca capacidad de respuesta para resolver dichas fallas.
Expertos en el tema señalan que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica se ha desacelerado durante las dos décadas del presente régimen, producto del racionamiento a las industrias de Guayana –que también tienen notables fallas operativas- y es igualmente un reflejo de la crisis de la actividad económica interna, por lo que la demanda industrial que en 2013 representaba 33% de la demanda eléctrica total, en la actualidad es de solo el 22%. Igual sucede con la demanda comercial que ha caído de 14% en 2013 a 8% en la actualidad. En general el estancamiento de la actividad económica del país se refleja al constatar que la demanda eléctrica total ha caído a niveles de la demanda para el 2004.
Se denuncia igualmente que los planes de generación se paralizaron entre 1999 y 2000, y ya para el 2006, a pesar de su caída, la demanda máxima había superado la capacidad de generación disponible, ocasionando un déficit que explica –en gran medida- las frecuentes interrupciones de suministro de servicio eléctrico. Las fallas en el sistema de transmisión y distribución son notorias por el pobre mantenimiento de la infraestructura y la proliferación de conexiones ilegales. Más del 75% de los transformadores de distribución y circuitos de alimentación están operando con sobrecarga, lo que causa los frecuentes cortes del servicio. Expertos advierten que no hay mantenimiento predictivo ni inventario actualizado de partes y piezas de repuesto. La atención a las interrupciones del servicio se dificulta por las faltas de herramientas y medios de transporte, y porque los talleres de reparación carecen de condiciones operativas, ello explica igualmente las deficiencias en el alumbrado eléctrico público y en la pobre respuesta a los reclamos de los usuarios. Se indica además que la comercialización y atención al usuario revela la misma caótica situación, con una cobranza efectiva inferior al 70% del servicio facturado, con el agravante que la mayoría de los organismos del Estado son morosos o no pagan el servicio; mientras que las conexiones ilegales superan el 40% de la energía generada. Todo lo cual, aunado a la opacidad y corrupción en el manejo de los recursos, explica la precaria situación financiera y la pesada carga de pasivos del sector.
En síntesis, la tragedia del sector eléctrico, señalada por genuinos conocedores del mismo -al igual que acontece con la industria petrolera nacional-, se expresa, no por la manida excusa de sabotajes, sino por una profunda crisis de gestión e ineficiencia operativa. Todo ello consecuencia de un capital humano desmotivado y una excesiva e inexperta burocracia, incapaz de ofrecer eficientemente un servicio público fundamental para asegurar la calidad de vida del venezolano. Si a estos dos casos de empresas, bajo gestión militar, le agregamos la casi paralización de las empresas básicas de Guayana y el fracaso de Agropatria –también militarizada-, cuya ineficiencia es causante, en gran medida, de la crisis de la producción agrícola nacional, es obligatorio concluir en que la grave ineficiencia del sector público gubernamental responde básicamente al empeño del régimen de imponer un modelo de gestión militarista en sectores básicos de la economía del país, desconociendo la necesidad de administrar los mismos con ejecutivos de experiencia y capaces de gerenciar con eficiencia y transparencia esas empresas fundamentales del país. Recordar además que la historia nos señala que el militarismo atenta contra el prestigio de la institucionalidad militar.