La demanda civil interpuesta en una corte federal de Miami por un fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, creado por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP en Nueva York, y que busca encausar a más de 40 personas naturales y jurídicas por presuntos delitos de corrupción en la estatal petrolera, ha generado preocupación entre la comunidad venezolana residenciada en el Sur de la Florida.
Por Maibort Petit/Venezuela al Día
Esta acción legal fue dada a conocer el 5 de mayo de 2018. Se supo a través de una decisión de un juez, que el documento original de esta causa -que permanecía sellado- fue enmendado por el demandante y que “la nueva versión de la querella tiene una gran probabilidad de éxito contra los acusados”.
La demanda busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal durante la conspiración que alcanza 14 años.
De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.
Dudas de algunos venezolanos
“Una de las preguntas que surgieron en relación a este litigio fue la naturaleza del fondo de fideicomiso y el beneficiario del mismo, ya que hasta ahora no se han dado a conocer las pruebas que confirmen que la acción legal fue emprendida por PDVSA. De hecho, una lectura del documento deja dudas sobre quién es el querellante”, asegura el economista y empresario, Federico Alves, quien además señala que “existe ambigüedad en el recurso cuyo fondo tiene previsto investigar a través de los órganos competentes para tal fin. Mi posición es que en el documento no dice que PDVSA es parte querellante, por ello debe haber una acción por parte de la comunidad venezolana exiliada para formar parte de la demanda y de los posibles beneficios”, acotó.
Alves aseguró que no podría aceptarse un escenario en el cual los abogados de la firma Boies puedan obtener como lucro sumas millonarias en dólares de unos recursos robados al erario público de Venezuela y que pertenece a los venezolanos. “Esto luce como otra estafa más y por ello hay que investigar al fondo el fideicomiso recién creado para este proceso en particular”.
Alves señaló que emprenderá acciones y solicitará a la corte -este lunes 12 de marzo de 2018- un Amicus curiae, que es un recurso utilizado por terceros -ajenos a un litigio- que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La información proporcionada en un Amicus curiae puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.
Alves quiere que se determine con certeza quiénes son los que están detrás de la querella que podría recuperar billones de dólares. “La idea es que esos recursos puedan ser usados para atender las enormes necesidades de las víctimas del régimen de Maduro”, dijo el empresario quien trabaja voluntariamente en beneficio de los exiliados venezolanos en el exterior.
Por su parte, el abogado criminalista, Carlos Pérez dijo que de no existir una relación real entre PDVSA y el fideicomiso debe actuarse rápidamente, porque “se podría estar frente a una usurpación de identidad, lo cual sin duda constituye un delito federal”. No obstante, admitió que en la evidencias que soportan la querella debe estar el documento del constitución del fondo y el mandato de PDVSA.
Boies aclara
Las dudas sobre este aspecto fueron disipadas en una entrevista hecha por el periodista Steve Bodzin al jefe de la firma de abogados que lleva a la demanda, Davis Boies, publicada en REDD LATAM. En las declaraciones, el jurista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y que dicho mandato fue constituido por PDVSA. En la misma declaración, Boies dijo que “el fideicomiso está -en efecto- presentando el caso en nombre de PDVSA”.
Boies dijo a Bodzin que “los actuales gerentes de PDVSA no podrán parar el proceso iniciado por el fideicomiso porque solamente el fideicomiso como tal puede terminar o llegar a un arreglo en esta acción legal”. El abogado aseguró que buscan una compensación por “10 billones de dólares más el pago triple por daños sobre algunos de los reclamos, incluyendo aquellos que alegan conducta de crimen organizado de los acusados”. Asimismo, afirmó que “el beneficiario de este caso -si hay alguna ganancia- será PDVSA Casa Matriz en Caracas y que el fideicomiso recogerá el dinero y lo mantendrá en custodia para ser entregado a PDVSA”.
Un dato interesante que suministró Boies a Bodzin es que ninguno de los acreedores de PDVSA puede intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso porque “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”. Esto indica que el fondo se creo en función de proteger los dineros recaudados en la querella de las múltiples acciones legales que existen contra PDVSA en los Estados Unidos por deudas y pagos caídos, incluyendo a los tenedores de bonos soberanos y de PDVSA.
Ante la posibilidad que haya un ganador en el litigio, el beneficiario éste tendrá que esperar que las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el régimen de Venezuela sean derogadas para apoderarse de los fondos, lo cual se produciría solamente cuando haya un cambio político en el país, según lo advirtió la administración Trump en recientes declaraciones.
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