Recientemente, en nombre de la fracción parlamentaria 16 de Julio, el diputado Omar González ha ventilado públicamente la supuesta conspiración militar de la que habló – si se quiere – tan etéreamente Nicolás Maduro, y las numerosas denuncias que circulan sobre la detención de oficiales que, incluso, están sometidos a tortura. Un hecho público, notorio y comunicacional, está en el deber la Asamblea Nacional de abrir la correspondiente investigación y citar al ministro de la Defensa, como – en efecto – el diputado Richard Blanco, integrante de la Comisión Permanente de Defensa, lo ha solicitado.
No está de más comentar que, en un pasado cada vez más remoto, el otrora Congreso de la República no evadía materias tan delicadas como las que nos ocupa, por muchos tabúes que hubiese, propiciando el libre debate. Incluso, aunque – por citar un caso – Eloy Torres estuviese implicado, como tan evidentemente lo estuvo, en el llamado Porteñazo, tuvo defensores que muy legítimamente velaron por su integridad física desde el Senado o la Cámara de Diputados: el dato sobresale al comparar el ejercicio democrático de antaño, por cuestionado que fuese, y el de ahora, bajo una dictadura que tampoco loga mantener en pie una fachada, como eficazmente hizo al principiar el siglo.
Para la agrupación opositora, democrática y unitaria del 16 de Julio, el asunto merece toda la atención posible, pues, contraria a todo hecho de fuerza, no puede soslayar – además – las patrañas de las que se vale el poder establecido, apuntando por igual a justos, los más, y pecadores, los menos. Pocos tan susceptibles, como los golpistas de 1992, que suelen ver fantasmas donde no los hay, torciendo y retorciendo las realidades para dar una versión que atenúe sus angustias.
Descaradamente, contraviniendo el artículo 328 constitucional, el socialismo de las demoliciones ha afectado el profesionalismo y la especialización del sector defensa en Venezuela, convirtiéndolo en un apéndice partidista de los ocupantes de Miraflores que crearon las condiciones para el Estado Cuartel, tesis de Harold D. Lasswel que ha actualizado la escuela irwiniana de la Venezuela académica. En el contexto de una truculenta dinámica que tiene a la actual constituyente como indecible herramienta, el panorama militar o, mejor, a la política militar se le cree un ámbito harto exclusivo y excluyente de la jefatura de Estado, yerro compartido – además – por varios de sus críticos.
Reivindicar a la Asamblea Nacional pasa también por hacerlo con sus competencias en materia de control político, pues hablamos de una política pública, la militar; la defensa de los derechos humanos y la misma destrucción del Estado de Derecho, ya que las consabidas degradaciones militares violentan el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. El punto está en retomar las atribuciones constitucionales que autorizan a la instancia legislativa no sólo para abrir y desarrollar las investigaciones del caso, o legislar en materias afines, porque son demasiadas distantes las escenas en las que, senadores y diputados, también disfrutaban de la estadía en una nave de guerra, so pretexto de alguna inspección.