La ONG Transparencia Internacional denunció mediante un seguimiento que el Carnet de la Patria, documento de identidad ideado por el gobierno de Nicolás Maduro, es una herramienta de control social que busca, entre otros fines, la lealtad al partido gobernante.
Por Mercopress.com
El Carnet de la Patria se presentó en sus inicios como un instrumento de racionamiento de alimentos para combatir una “guerra económica”. Sin embargo, desde su lanzamiento a principios de 2017, tales contradicciones se han encontrado en declaraciones de funcionarios que han alimentado la controversia en torno a esta herramienta.
Transparencia Internacional tituló así su trabajo en el Carnet de la Patria como “El apartheid revolucionario”.
La ONG citó a algunos líderes del chavismo a principios de 2017 cuando el proyecto que unificaría las misiones, los planes sociales creados por el ex presidente Hugo Chávez, se presentó a través de una Tarjeta Personal equipada con un código QR electrónico. El presidente Nicolás Maduro sostuvo en ese momento que “(…) con la Tarjeta de Patria se establecerá un nuevo Gobierno Social, porque sin las misiones no somos nada”.
Por su parte, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, dijo que la tarjeta “servirá para detectar las necesidades de la población”; para Jorge Rodríguez, Alcalde de Caracas, “el Carnet permitirá la transformación del Gobierno en materia tecnológica … y una poderosa herramienta para comprender científica, veraz y precisamente cada uno de los logros y logros de la revolución bolivariana”.
De acuerdo con el Artículo 21 de la Constitución venezolana, “todas las personas son iguales ante la ley y no se permitirá ningún tipo de discriminación”. Bajo ese precepto fundamental se encuentra “la imposición de presentar esa tarjeta para acceder a bienes y servicios que el Estado está obligado a oferta sin distinción”, denuncia Transparencia Internacional.
En los últimos meses, a medida que progresa la crisis humanitaria en el país donde al menos un niño muere por día debido a la malnutrición y, según Consultores 21, al menos 4 millones de venezolanos han emigrado y miles están en condición de refugiados, el uso del Carnet de la Patria se ha vuelto más flexible; para que pueda usarse para cobrar pensiones, acceder al sistema de salud pública, obtener algo de comida o para obtener los diversos bonos anunciados por el presidente Maduro. En el que se intenta beneficiar a los jóvenes, a las personas mayores y a las mujeres embarazadas que dan dinero devaluado en medio de una hiperinflación que se encuentra en más del 6.500%.
Estas recompensas otorgadas en forma de bonos en la víspera de un año electoral a quienes llevan la tarjeta no son en vano. Cada usuario está registrado en un sistema único que depende del ejecutivo nacional, que a su vez controla las agencias de identificación civil y las misiones o programas sociales que empoderan a los consejos de la comunidad respaldados por funcionarios del partido gubernamental. Este aparato es sensible, ya que al llegar a las escenas electorales, los beneficiarios se ven obligados a votar bajo la supervisión de alguna autoridad oficial y se viola el derecho al voto libre y secreto, resaltado en la Constitución de Venezuela.
Según Nicolás Maduro, es un elemento que apunta a elevar la organización “del poder social popular”. Sin embargo, bajo el secreto en el manejo de los recursos invertidos en esta tarjeta electrónica y en los programas que la preceden, Transparencia Venezuela considera que es un aparato que ya se utiliza para “doblegar a los ciudadanos, faltándole el respeto a sus derechos más elementales”.