Hambre, enfermedades y un deterioro generalizado de la calidad de vida ha impulsado a habitantes de los pueblos indígenas a abandonar sus conucos en búsqueda de otros destinos que les ofrezcan lo que ya no tienen y han perdido la esperanza en tener, publica el portal alternos.la
Por: Ingrid Orjuela @ingridpilar
Los rostros de la migración venezolana son múltiples, tanto como es diversa nuestra población. Entre los que huyen de la implacable crisis que cada día afecta a más personas y penetra en más espacios están los de las comunidades indígenas, una población históricamente vulnerable y excluida de las políticas públicas que ha visto como nunca antes un deterioro acelerado y progresivo de su particular calidad de vida. Al parecer, los indígenas tampoco ven luz al final del túnel.
Los terminales desplazaron los aeropuertos como principal vía de salida del país, pero también los ríos han resultado ser el camino que conduce a nuevas oportunidades. En lo recóndito de la espesa selva y en lo inhóspito de los poblados que son su hogar, la vía fluvial es la inmediata para llegar al nuevo destino. De Amazonas, por ejemplo, salen hacia San Félix y Puerto Ordaz, allí emprenden por carretera hacia la línea entre Brasil y Venezuela. “Muchas veces en Santa Elena de Uairén (estado Bolívar) son esperados por familiares o amigos que les hacen los diligencias, el lobby, para que ellos ingresen de la mejor manera a territorio brasileño. Por ejemplo, los warao buscan instalarse en ciudades, específicamente en Boa Vista, y ahora están explorando nuevos horizontes como Manaos y otras poblaciones cercanas en busca de trabajo que les permitan no solo consolidar su estadía sino luego llevarse a sus familiares que quedaron en Venezuela”, explica Armando Obdola, presidente de la asociación civil Kapé Kapé. Es un doble desplazamiento, porque emigran de la selva o de sus poblados a ciudades de otro país, no a espacios similares a los suyos, lo que implica un cambio abrupto de sus costumbres ancestrales, incluso de su rutina con influencias criollas.
Al Observatorio de DDHH de los Pueblos Indígenas –proyecto de Kapé Kapé, organización orientada a la identificación y abordaje de las necesidades más urgentes de los pueblos indígenas venezolanos –jivi, yekuana, pemón, piaroa y warao, entre otros– le preocupa que la migración es cada vez mayor, se van en grandes grupos, y actualmente está encabezada por profesionales: maestros y enfermeras, principalmente, que dejan aún más vulnerables a quienes continúan en sus comunidades. Niños, jóvenes y enfermos se quedan cada vez menos atendidos. Se calcula que en los últimos meses han llegado más de 2.000 indígenas venezolanos a Brasil.
Aunque los que salen desde Amazonas no solo siguen camino más al Sur, también se están dirigiendo a Colombia donde comunidades indígenas de ese país muestran solidaridad y les han dado acogida. Sin embargo, mientras se establecen bien sea en el gigante sureño o en territorio neogranadino muchos de estos migrantes caen en condiciones de mendicidad, causando una carga para los países receptores y exponiendo sus vidas y las de sus niños a mayores peligros y a la prolongación del hambre.
Pero, ¿por qué están migrando? Obdola explica que en el Observatorio han determinado que las causas que impulsan la movilización es lo que él denomina la “degeneración económica” en el país. La falta de combustible impacta severamente su economía familiar al imposibilitar el traslado de los alimentos que producen para la venta y de las medicinas que requiere la comunidad. “El hambre, las enfermedades y la falta de oportunidades para los pobladores de entre 18 y 40 años de edad impulsan el éxodo”, resume el defensor.
El vacío que ha quedado en millones de hogares venezolanos por la migración de algunos de sus integrantes es extensivo a las comunidades indígenas, donde el éxodo ha dejado soledad. “La gente habla constantemente de eso porque cada día se ha puesto peor la situación, cada día se van más”, asegura Obdola, quien lidera el Observatorio de DDHH de los Pueblos Indígenas, apoyado de Fe y Alegría, emisoras indígenas y otras organizaciones.
Al daño que causa la escasez de combustible a la subsistencia de muchas familias indígenas se suma la proliferación de enfermedades, algunas por la desidia del Estado y la falta de prevención –como el sarampión que cada vez se propaga en más comunidades, la tuberculosis y la malaria “que está en un punto crítico”, dice Obdola–, pero además por la contaminación por mercurio ocasionada por la minería ilegal en zonas indígenas, actividad prohibida por la normativa internacional, lo cual también ha acentuado el desplazamiento, pues la atención médica a los afectados es cada vez menor, también por los problemas de traslado.
La educación es otro indicador en fuerte declive. “Por ejemplo, aproximadamente 75% de la infraestructura escolar en el Delta es deplorable; solo en Tucupita entre 45% y 50% está en las mismas condiciones, y eso que es la capital del estado; y en Bolívar debido a la minería hay una gran deserción escolar pues jóvenes se van a trabajar a las minas o los que no se meten de lleno igual se alejan de la escuela porque sus familias ven en las minas una oportunidad de subsistir económicamente ya que reúne a muchos trabajadores y mandan a sus jóvenes hasta allá a venderles comida. Los docentes de la cuenca del Caura del municipio Sucre y zonas aledañas –que tiene la mayor concentración de poblaciones indígenas en el estado Bolívar: kariñas, yekuanas, sanema (un subgrupo yanomami)– dan cuenta de que la minería está muy presente como alternativa económica y ha ocasionado deserción escolar de manera acelerada”, explica el presidente de Kapé Kapé.
Obdola indica que su organización ha elevado reclamos a diversas autoridades para que atiendan la problemática indígena y el Estado destine políticas públicas para evitar que continúe el desplazamiento de pobladores indígenas venezolanos. Afirma que la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en vigencia desde 2005, quedó en el papel, pues hasta ahora no se han puesto en práctica sus enunciados y las comunidades están en mayor vulnerabilidad que antes.
Vigilancia y ventana al mundo
El trabajo del Observatorio de DDHH de Pueblos Indígenas abarca a las comunidades de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, es un proyecto de la A.C. Kapé Kapé creado hace un año y medio, enfocado los problemas de salud y educación de estas poblaciones. En él participan abogados, comunicadores sociales, técnicos de las comunidades indígenas, entre otros profesionales y activistas. “Hemos contado con el respaldo de las comunidades indígenas, lo que nos ha permitido hacer el trabajo de observación con mayor profundidad. Hemos visto cómo incluso el turismo en algunas zonas se ha visto afectado por la falta de combustible y eso ha hecho que muchos de los que se dedicaban a esta actividad se hayan desviado hacia la minería ilegal como alternativa. Otros se han ido del país.
Visibilizar la realidad observada es posible a través del portal web de Kapé Kapé, donde además se promueve el trabajo de la organización y es palestra del registro de las denuncias situaciones que afectan a las comunidades indígenas venezolanas. Desde octubre de 2016 han publicado boletines online que dedican cada edición a temas específicos como el Arco Minero, la malaria, los peligros que acechan las tradiciones, el ausentismo escolar, la migración y mendicidad, y las diversas caras del hambre.