Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España condenado a seis años y tres meses de cárcel por corrupción, se jugaba este miércoles su última carta para evitar la prisión, al exponer su recurso ante el Tribunal Supremo.
En una vista pública ante el alto tribunal en Madrid, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual, pidió la absolución para su cliente.
Afirmó que sus negocios estuvieron dentro de la legalidad, y que ya ha sido condenado “por una determinada parte de la sociedad y de medios de comunicación”.
La fiscalía en cambio pide que se aumente su pena a diez años de prisión, al estimar que hubo delito en unos hechos desestimados en primera instancia por un juez de Palma de Mallorca (este), donde se celebró el juicio.
Según fuentes judiciales, el Supremo se tomará un mes para deliberar y luego redactará la sentencia, en la que podrá confirmar, anular, reducir o aumentar la pena inicial.
Su sentencia sellará una saga judicial que estalló en 2010, en plena crisis económica, perjudicó la imagen de la monarquía española y contribuyó a precipitar la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe VI, en junio de 2014.
Sea cual sea la pena del Supremo, Urdangarin, un ex jugador profesional de balonmano de 50 años, tendrá todavía la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En el caso de que el Supremo revisara su pena y la fijara por debajo de cinco años, el Constitucional podría además tomar como medida cautelar la suspensión de la sentencia, a la espera de dictaminarse si se vulneraron sus derechos.
– La fiscalía pide diez años –
Urdangarin, marido de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, fue condenado en 2017 a seis años y tres meses de prisión, además de una multa de 512.000 euros, por hechos ocurridos en 2004-2006 en las islas Baleares (este).
Se le acusa, junto a su ex socio el empresario Diego Torres, de malversar en beneficio propio varios millones de euros donados por organismos públicos al Instituto Nóos, un ente sin ánimo de lucro que él presidía.
La infanta, primer miembro de la actual familia real en sentarse en el banquillo de los acusados, fue absuelta. Se le condenó no obstante a una multa de 265.000 euros por su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, una suma que restituyó durante el proceso.
El caso se acerca ahora a su desenlace, y la pregunta es si ingresará en prisión Urdangarin, a quien los jueces permitieron seguir viviendo con su mujer y sus cuatro hijos en Ginebra, al considerar que no hay riesgo de fuga.
En la vista ante el juez celebrada este miércoles, la fiscalía se mostró dura, al calificar a Urdangarin y Torres de “instigadores” de la corrupción tanto en las islas Baleares -hechos por los que fueron condenados- como en la región de Valencia.
Urdangarin y Torres -condenado en primera instancia a ocho años y medio- fueron blanqueados por la contratación de tres eventos de turismo y deporte celebrados en Valencia entre 2005 y 2007, por valor de 3,4 millones de euros.
Ahora, la fiscalía cree que no se respetaron los procedimientos administrativos y que se les destinaron fondos sin garantías de su buen uso, por lo que solicita una pena más severa, de diez años para Urdangarin y de doce para Torres.
En los últimos años, el caso ha sido una mancha para la imagen de la monarquía, que el rey Felipe intentó capear apartando a su hermana y su cuñado de todos los actos oficiales de la Casa Real y despojándolos del título de duques de Palma de Mallorca.
Ambos se marcharon además de España y desde 2013 residen en Ginebra con sus cuatro hijos. AFP