A pocos días de la Navidad, Pedro Pablo Kuczynski quedó a 8 votos de ser destituido de la presidencia. Una sorpresiva ayuda de Kenji Fujimori, enfrentado a su hermana Keiko, le dio oxígeno para recomponer su gobierno. Pasó menos de una semana hasta que se disparó al pie: indultó al ex dictador Alberto Fujimori, en lo que pareció un quid pro quo, ganándose la enemistad de las organizaciones civiles que lo apoyaron en el ballotage, y no pasaron ni tres meses para que afronte un nuevo proceso de vacancia.
Infobae
El mandatario, un ex banquero del Wall Street que ganó la segunda vuelta con la promesa de limpiar la corrupción, redactó su renuncia en una hoja membretada con el “Año de la Reconciliación” en Perú, el nombre con el que tituló el 2018. Esa fue su intención con el indulto, pero estuvo lejos de concretarse.
Las existentes acusaciones de haber sido favorecido con contratos de consultoría por USD 782 mil con la constructora brasileña Odebrecht habían movilizado el
frustrado proceso de diciembre y las revelaciones sobre los vínculos con Odebrecht no se detuvieron allí.
Ante la investigación en marcha y con citaciones a declarar al Congreso, la imagen de PPK volvió a quedar mellada por las declaraciones del delegado de la
compañía en Perú, Jorge Barata, quien aseguró a los fiscales peruanos a fines de febrero haber financiado una campaña del presidente. El segundo pedido para
destituirlo lo acusa de que “no tiene ningún problema en continuar mintiendo” sobre sus relaciones con Odebrecht.
Todavía con la herida abierta, el partido fujimorista (de Keiko) Fuerza Popular se tenía una carta guardada, que reservó hasta dos días antes de la fecha elegida
para la votación de marzo. Unos videos que muestran a Kenji Fujimori y sus allegados, junto al abogado de Kuczynski, negociando la aparente compra de votos para salvar al presidente, a cambio de obras (y posibles comisiones ilegales) para las provincias de los congresistas.
Fue evidente el recuerdo de los “vladivideos”, el caso que detonó la destitución de Alberto Fujimori en el 2000 al mostrar la compra de congresistas de la oposición.
Así, varios miembros de su propio partido le exigieron a Kuczynski la renuncia, “por decencia”. Tres tuits marcaron el escaso apoyo en el seno de su partido: el
secretario general, el ministro de vivienda y un congresista se manifestaron a favor de la dimisión. Por si fuese poco, la bancada ya había quedado diezmada en diciembre tras el indulto a Fujimori.
La desesperación de Kuczynski por tener algo de gobernabilidad (tuvo en su año y medio de gestión varias censuras ministeriales por parte del Congreso) lo obligaron a negociar con un inesperado aliado, pero fue tarde cuando decidió, finalmente, hacerle frente a la oposición.
En la prensa peruana se comentó que el mandatario se negaba a renunciar tras su conversación con el papa Francisco en Perú, donde habría sido instado a seguir luchando en el cargo. “PPK equivocó el escenario de sus aliados y enemigos”, analizó el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu.
En conversación con Infobae, explicó: “Entró derrotando a Keiko Fujimori incluso sostenido por sectores progresistas, y muy temprano decidió hacer un giro a esas alianzas. Trató de gobernar con el fujimorismo, se entregó, pero le fue esquivo permanentemente. Lo acogió y luego lo destruyó”.
Además, Arbizu resaltó que la renuncia de Kuczynski no lo exonerará de las acusaciones y escándalos, en momentos en que su antecesor, Ollanta Humala, está en prisión preventiva acusado de haber sido financiado por Odebrecht. “Le espera un largo camino de investigaciones judiciales”, aseguró.
El poder quedará, una vez aceptada la renuncia del mandatario, en manos de Martín Vizcarra, un ex gobernador que en los últimos meses pasó más tiempo
fuera del Perú que en Palacio de Gobierno.
De relación fría con PPK, fue enviado como embajador a Canadá. En diciembre, respaldó al presidente y anunció que renunciaría en caso de que prospere la
destitución, lo que asustó a los congresistas por un escenario de inminentes elecciones. El apoyo no se repitió y mantuvo un silencio que expresaba lo suficiente.
El gobierno de Vizcarra no tiene un panorama más favorable, ya que fue acusado de irregularidades en la firma de una adenda para la concesión de un aeropuerto
en Cusco, mientras era ministro de Transportes. Aunque se archivó la investigación por colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la fiscalía advirtió que la situación podría cambiar si el juez a cargo halla nuevos elementos en su contra