Los comerciantes, empresarios e industriales de Baruta, reunidos en la Alcaldía con el director del despacho Claudio Rippa, acordaron no pagar las tarifas de aseo urbano puestas en marcha desde enero de este año, por considerar que ninguno está en capacidad de hacer frente al porcentaje de 2.416% estipulado en la Gaceta Municipal extraordinaria 021-01/2018, de fecha 18 de enero, razón por la cual solicitaron la derogación de este instrumento jurídico y la reforma de la Ordenanza de Tasas de Aseo Urbano para el Municipio Baruta del estado Miranda.
Durante una asamblea celebrada en el ayuntamiento, a la cual asistieron comerciantes, empresarios e industriales de todo el municipio, pero cuyo principal ausente fue el alcalde Darwin González, Rippa propuso la celebración de mesas técnicas con especialistas del despacho, el Concejo Municipal, la empresa prestadora del servicio Fospuca, el Semat y los afectados.
No obstante, voceros del gremio expusieron las razones por las cuales no podían seguir esperando la conformación de mesas de diálogo, toda vez que el aumento de tarifas comenzó a correr en enero y ya estamos próximos a culminar marzo. Mientras tanto, la deuda se acumula.
El grueso alegó que la medida fue tomada de manera unilateral sin ser consultada con los involucrados, situación que suma presión a sus emprendimientos dada la crisis económica. “Muchos estamos a punto de bajar Santamaría porque ya no podemos cubrir siquiera los gastos. Cada dos o tres meses se decreta un aumento salarial y los trabajadores piden que se les pague con comida y no con dinero porque el poder adquisitivo del bolívar cae de manera dramática”, manifestó uno de los afectados, quien además precisó que ayudan a sus nóminas con bolsas de comida y adelantos de dinero en efectivo para que puedan llegar a sus puestos de trabajo.
Otra propietaria resaltó que los comerciantes “no somos una fábrica de dinero” y que hay meses en que las ventas no llegan siquiera a los montos desproporcionados aprobados para el aseo urbano. “En muchos de nuestros casos, el costo del alquiler del local es muy inferior a lo que está cobrando Fospuca”.
Personas jurídicas que pagaban 300 mil bolívares en diciembre, por ejemplo, hoy deben hacerle frente a facturas sobre los 6 millones de bolívares por un servicio que deja mucho que desear. “Yo tendría que pedir un crédito para poder pagar solo el aseo urbano”, enfatizó otro comerciante quien informó que ha tenido que deshacerse de algunas propiedades para mantener a flote su negocio.
Otra de las afectadas reveló que de pagar millón y medio de bolívares por la recolección de basura en el mes de diciembre, la factura de enero le llegó por 37 millones. “¿Cómo pretenden ustedes que cancelemos ese monto sólo por aseo urbano?”, preguntó a Rippa.
En el caso del municipio Baruta, la Ordenanza de Tasas de Aseo Urbano toma en cuenta, entre otras variables, los metros cuadrados del local para calcular los montos, pero no considera la actividad. “No pueden pretender que una sastrería o una relojería, por ejemplo, paguen lo mismo por aseo urbano que un supermercado, porque la cantidad de basura generada nunca será la misma. Es absurdo”.
Si bien se plantearon casos particulares (cobro excesivo de tarifas; no retiro de los desechos sólidos por parte de Fospuca, situación que obliga a muchos a contratar servicios privados; y retrasos de hasta 32 días en el cronograma de recolección), los asambleístas exigieron una pronta respuesta del despacho ejecutivo en vista de que el Concejo Municipal ya está debatiendo el próximo aumento de tarifas previsto para el mes de junio “y tenemos la Semana Santa encima”.
Los comerciantes recordaron al funcionario que el aumento, así planteado ante los incrementos del salario mínimo a partir del 1 de enero (de 40%) y del 15 de febrero de 2018 (de 58% del salario mínimo y 67% del bono de alimentación), aprobados por el Ejecutivo Nacional, se contrapone al exorbitante ajuste de Fospuca.
“La inflación que sufre el país es generalizada y nos afecta a todos por igual. El incremento aprobado por la Alcaldía en primer lugar y luego por el Concejo Municipal en funciones, aparte de ser absurdo es irresponsable, porque no puede ser trasladado exclusivamente al sector comercial, empresarial e industrial del municipio. Nosotros no podemos trasladar esos costos al consumidor final”.
Si bien coincidieron en que se hace necesaria una revisión de las tarifas del servicio de aseo urbano, aclararon que medidas como esa pueden traducirse en el cierre – no deseado – de los locales, lo que en consecuencia impactaría de manera negativa en otros indicadores como el desempleo de cientos de trabajadores venezolanos que dependen de sus ya precarios ingresos para sostener a sus familias, y la caída abrupta en la recaudación tributaria tanto para el fisco nacional como para el municipal.
“Si los negocios de Baruta cierran, la Alcaldía de Baruta, quiebra. ¿Por qué? Porque más del 85% del presupuesto municipal depende de los impuestos que pagan los comerciantes, empresarios e industriales. El grueso corresponde a la patente de industria y comercio”, le recordó a Rippa una de las afectadas.
Cuando se le preguntó a Rippa cuál fue el criterio aprobado por Fospuca para calcular las tarifas de aseo urbano en Baruta, no respondió. “¿Sabe usted que tampoco fue tomada en consideración la Ley Constitucional de Precios Acordados para la fijación de los cánones?, le espetó una empresaria quien además le recordó que el aseo urbano es un servicio básico, al igual que el suministro de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.
Por esas razones, solicitaron a) Derogar la Gaceta Municipal del 18 de enero o en su defecto congelar las tarifas hasta tanto se resuelva el problema; b) Exigir a la empresa Fospuca el cumplimiento de la prestación del servicio porque se está generando un daño patrimonial a empresarios, industriales y comerciantes que se ven en la imperiosa necesidad de contratar servicios privados para el retiro de basura y otros desechos sólidos; c) Conocer el mecanismo de fijación de tasas y, antes de su aprobación, acordarlo con los afectados no solamente con la Alcaldía y el Concejo Municipal; d) Exigir el cálculo de los montos a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV); e) La indexación, por parte de Fospuca, por servicio no prestado; f) La reforma parcial de la Ordenanza de Tasas de Aseo Urbano para el Municipio Baruta, a fin de sincerar el método de cálculo antes de la aplicación de las nuevas tarifas prevista para junio y g) La revisión del contrato suscrito con la empresa Fospuca, en virtud del reiterado incumplimiento de sus cláusulas.
Mientras se satisfacen esas exigencias, se aprobó NO PAGAR el servicio de aseo urbano y se instó a todos los comerciantes, empresarios e industriales que hacen vida en la municipalidad a cancelar el monto correspondiente al servicio eléctrico directamente en las taquillas de Corpoelec, a fin de evitar la suspensión del servicio. “Una cosa es facturar y otra es cobrar. La mora será tal que le tocará a la Alcaldía asumir la deuda”, concluyó una de las voceras. También se aprobaron otras acciones de presión que serán anunciadas a su tiempo.
Nota de prensa
