La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana condenó, este jueves, los hechos suscitados en la Comandancia General de la Policía de Carabobo en Valencia, donde murieron al menos 68 personas, la mayoría de estos, reclusos que se encontraban en condición de hacinamiento; razón por la que responsabilizaron al Estado venezolano por la negligencia demostrada.
Sobre este hecho cruento que ha conmocionado a la comunidad nacional e internacional, los abogados defensores de Derechos Humanos, Lilia Camejo y Yonathan Mustiola, precisaron que es ilegal que este número de reclusos se encuentren en una centro policial que no cubre los requisitos para un internado de procesados y menos para penados.
Tanto Camejo como Mustiola, directora ejecutiva y director general de la mencionada ONG, respectivamente; recordaron que según lo tipificado en la ley, los detenidos pueden permanecer un máximo de 48 horas en calabozos policiales, mientras el juez se pronuncia sobre la detención.
Asimismo, los juristas destacaron que la tragedia que ha enlutado a un número considerable de familias venezolanas, según lo reconocido por el propio gobernador de la entidad central, Rafael Lacava; y el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab; viola lo tipificado en el artículo derechos humanos 272 de la Constitución de la República.
En base a esto, los profesionales del derecho, recordaron que tal artículo de la Carta Magna establece que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.
Nota de prensa