La espera para que el gobierno cancele las pensiones a 11.700 beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se ha vuelto interminable e insostenible, pues desde noviembre de 2015 no cobran este derecho.
“La deuda con estos venezolanos es enorme y se calcula que supera los 20 millardos de dólares al cambio oficial”, aseguró Edgar Silva, coordinador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Destacó que han sido muchas las reuniones realizadas con las autoridades competentes, entre ellas las del Seguro Social, el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Defensoría del Pueblo, sin que el problema se haya resuelto y, mientras tanto, los afectados viven una situación desesperada.
“Me botaron de la habitación donde vivía porque no pude pagar tres meses de renta.
Las monjas de un convento me acogieron, pero es muy triste que después de darle tanto a Venezuela con mi trabajo ahora no me paguen la pensión ni la jubilación”, contó una ex funcionaria pública residente en España que solicitó no mencionar su nombre.
Otra pensionada del IVSS, de 70 años de edad y que también pidió guardar su identidad en reserva, narró: “Nunca había tenido problemas para cobrar la pensión hasta 2014, cuando los pagos se espaciaban; sin embargo, el calvario arrancó un año después, en noviembre”.
Ella vive en Galicia y para mantenerse se vio forzada a realizar labores de limpieza en casas y oficinas. “Montada en una escalera limpiando una ventana me caí y tuve fractura de omoplato, lo que me imposibilitó trabajar dos meses, y durante ese lapso no tuve ninguna entrada económica”, dijo.
Orlando Camacho, representante de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, rechazó “la desidia e indiferencia del gobierno con estos venezolanos que incluso con 80 años de edad se ven forzados a trabajar como porteros, barrenderos y serenos para sobrevivir”.
Edgar Silva explicó que Venezuela suscribió convenios con España, Portugal, Italia, Uruguay, Chile y Ecuador que permiten cobrar la pensión a los beneficiarios del IVSS residenciados en esos países. “Uno de los problemas, admitido por los funcionarios del Seguro Social y el Cencoex, es que el gobierno no termina de definir cuál es la tasa de cambio que aplicará al pago de las pensiones en bolívares, pero convertidas a euros o dólares; además de que el Ejecutivo no tiene divisas suficientes para cumplir esa obligación”, señaló.
En diciembre pasado, la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España envió una carta a las autoridades venezolanas en la que insta a “clarificar, cuantificar y consolidar el monto total de la deuda acumulada por las pensiones y bonificaciones impagadas”.
Fapejuves también indica que la acreencia debe desglosarse mes a mes, a los valores vigentes en cada lapso y “expresarse en euros, que es la moneda que hemos percibido y debemos percibir por nuestras pensiones en España”.
En la misiva se insiste en fijar un cronograma claro, detallado y pertinente así como “declarar un firme y solemne compromiso, con efecto inmediato, de la regularización y puntual pago de las pensiones” a todos los beneficiarios y conforme a la normativa, convenio y leyes vigentes en ambos países.
España, donde vive el grupo más numeroso de pensionados del Seguro Social, ha sido escenario de múltiples protestas y movilizaciones ante los consulados y la Embajada de Venezuela, seguido de Italia y Portugal.
Siga leyendo en El Nacional.com