Julio de Vido, ministro de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fue procesado hoy por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” en uno de los casos por la adjudicación de obras a la brasileña Odebrecht.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el juez federal Daniel Rafecas procesó al detenido exministro de Planificación Federal y al exsecretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, por presuntamente haber favorecido a la constructora Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de dos gasoductos en Argentina.
La obra, a cargo exclusivo de la empresa brasileña y proyectada para el periodo 2006-2008, alcanzaba a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país y estuvo presupuestada inicialmente en más de 2.300 millones de dólares.
La investigación apunta a que los acusados realizaron actos para favorecer a la empresa y que resultara adjudicataria de la construcción, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y que “en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera”.
El magistrado abrió un proceso penal contra De Vido -quien fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda en Argentina y que está en prisión preventiva por otras causas por corrupción- por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que según el código penal argentino prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Para Rafecas, se probó que el exministro “creó el marco normativo necesario” para que se procediera al llamado a una “licitación privada” que, en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, “como se hiciera hasta ese momento”, se realizó a través de la empresa de firma mixta Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó el negocio a Odebrecht.
Rafecas se encarga desde 2017 del tramo del proceso que abarca hasta la adjudicación de la obra a la constructora brasileña.
Todo el período posterior, vinculado al desarrollo y pago de la obra, se encuentra bajo investigación del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lo estudia conjuntamente con el presunto pago de sobornos de Odebrecht por obras que realizó para el soterramiento del tren Sarmiento.
Rafecas llamó a De Vido a declarar el pasado diciembre, después de que cuatro meses antes un fiscal solicitara impulsar la investigación.
Se trató de la primera vez que se citaba al exministro como investigado en la vertiente argentina del escándalo de corrupción brasileño ‘Lava Jato’.
La obra de los gasoductos, detenida por el actual Gobierno, se originó cuando en 2005 se lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones en la distribución de gas en infraestructuras del norte y sur del país que comprendían cañerías paralelas y la instalación de plantas compresoras.
La firma brasileña admitió haber pagado en Argentina unos 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que ha llegado a salpicar tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.
Los procesos que implican actualmente en el país a la constructora son por la concesión del proyecto de ampliación de gasoductos, la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006 y la de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense de Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA. EFE