Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones, publica El País
Por JOSÉ MARÍA IRUJO y JOAQUÍN GIL
Madrid 7 ABR 2018
La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y de sus filiales. La petición se enmarca en la investigación que desarrolla el país europeo para desentrañar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que el gigante petrolero pagó a funcionarios y empresarios próximos al chavismo entre 2007 y 2012.
La jueza de Andorra Canòlic Mingorance ha remitido también a Venezuela una lista de 35 personas, en su mayoría exaltos directivos de la compañía, para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad, competencia o relación con esta empresa pública, la principal del país.
Respecto a las filiales de la petrolera, la magistrada quiere conocer con precisión cuáles eran cien por cien de PDVSA para determinar si se trata de fondos públicos o privados.
Mingorance investiga a varios expresidentes y altos directivos de la compañía durante la etapa de Gobierno de Hugo Chávez (1999-20013) que depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA). El país pirenaico permaneció blindado hasta el año pasado por el secreto bancario.
“Para entender el sistema de corrupción es necesario determinar cuál era la ocupación y la responsabilidad de la persona sobornada”, justifica la jueza, que afirma que los 2.000 millones de euros que transitaron por la BPA “provendrían de la corrupción en el marco de pagos de comisiones ilegales a través de PDVSA y otras corporaciones públicas como la Corporación Eléctrica S. A. (Corpoelec Electricidad de Caracas)”.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en Andorra, un país de 78.000 habitantes a 7.400 kilómetros de Caracas. El dinero circuló por una compleja telaraña de 37 cuentas a nombre de sociedades panameñas. Los fondos saltaron después desde El Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice, según las pesquisas policiales.
Entre los 35 nombres de la lista de la juez de Andorra, se encuentran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta el pasado diciembre del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Salazar fue detenido por las autoridades venezolanas y la fiscalía de ese país está investigando a Villalobos y Alvarado por distintos delitos de corrupción, blanqueo y asociación ilícita vinculados a PDVSA.
Mingorance afirma que los investigados “aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales”.
Los 1.347 millones del exviceministro
El auto de la jueza andorrana, fechado el pasado febrero, asegura que Villalobos manejó 11 sociedades panameñas en la BPA por las que circularon 1.347 millones, “con la única justificación de facturas poco detalladas que se hacían entre ellas mismas”.
La magistrada afirma que la estructura societaria “estaría ideada para ocultar el origen y propietario de los fondos” y destaca que salvo en la titularidad de la sociedad Trismas Foundation, en todas las demás cuentas vinculadas a las sociedades panameñas, figuraba el gestor del banco Pablo Laplana.
Villalobos, cliente de la BPA desde 2007, fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petición de EE. UU., que ha reclamado su extradición. También, figura como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.