Amnistía Internacional envió una carta abierta a todos los Jefes de Estado que acudirán a la VIII Cumbre de Las Américas, encuentro que se llevará a cabo este 13 y 14 de abril en Lima, Perú.
A continuación el texto completo de la misiva:
Amnistía Internacional saluda la realización de la VIII Cumbre de las Américas, como un espacio regional que promueve el diálogo entre los diversos Estados del continente americano. La organización considera indispensable la necesidad de priorizar los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas en las Américas para el abordaje integral del tema central de esta Cumbre:
“Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Al respecto, en el hemisferio americano continúan latentes importantes brechas sociales, económicas, y de participación; con fuertes retos en materia de acceso a la justicia, impunidad, goce y disfrute de derechos humanos para las mayorías. Así, las Américas continúan siendo la región más desigual y violenta del mundo. La discriminación y la desigualdad siguen estando presentes en el continente, exacerbadas por los estragos causados por los altos niveles de violencia: oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Las personas defensoras de los derechos humanos también sufren de esta violencia al realizar su labor. Los pueblos indígenas continúan padeciendo la discriminación, con constante vulneraciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a tierras ancestrales y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que les afectan. En general, han sido pocos los avances de los Estados americanos respecto de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
La persistencia de violencia extrema continúa siendo una realidad para millones de personas en el continente, incluidos países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. Esta violencia se ve alimentada por la proliferación de armas ilegales y por el crecimiento de la influencia y presencia de grupos del crimen organizado.
Muchos Estados continúan recurriendo a tácticas represivas, incluidos el uso indebido de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitiendo que se deje en la impunidad el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernando en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación muchas veces sostenida por la corrupción y por la falta de rendición de cuentas. Por otro lado, un elevadísimo número de personas huyen de sus hogares para escapar de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza. Muchas de estas personas sufren de nuevos abusos al emprender el viaje o al llegar a otros países de la región.
Ante este contexto, durante esta VIII Cumbre de las Américas, hacemos un llamado a los Estados para que en la declaración final se incluyan compromisos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Estos compromisos deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas.
Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad de este encuentro regional para reiterar ante todos los Jefes de Estado asistentes a esta Cumbre algunas consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio:
La retórica regresiva en materia de derechos humanos y sus efectos en las Américas
Millones de personas en toda la región afrontan una crisis de derechos humanos agravada por retrocesos en la protección de los derechos humanos en legislaciones, políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una retórica regresiva y divisoria.
En los Estados Unidos, la administración del presidente Trump ha puesto de manifiesto su retórica anti derechos, a favor de la discriminación y la xenofobia; la misma que se pone en evidencia a través de la firma de una serie de órdenes ejecutivas que amenazan los derechos humanos de millones de personas, en el país y en el extranjero. Las órdenes ejecutivas que suspendieron el programa de reasentamiento de refugiados por 120 días; así como la reducción del límite anual de admisión de personas refugiadas a 45,000 en medio de una crisis global de refugiados, tienen un efecto devastador sobre personas centroamericanas, mexicanas y de otros países de la región que buscan protección debido a la violencia generalizada en sus países.
Particularmente, la cancelación de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a nacionales de El Salvador, Haití y Nicaragua trabajar legalmente; o la terminación de la Acción Diferida para la llegada de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que pone en peligro los permisos temporales de trabajo de 700,000 inmigrantes indocumentados, no sólo tienen efectos nocivos, pero además representan fuertes retrocesos en materia de derechos humanos, inmigración y refugio.
Por otro lado, en Venezuela, donde se vive la peor crisis de derechos humanos en su historia, la retórica de agresión contra voces disidentes del Presidente Maduro, es utilizada para justificar graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ataques contra civiles y torturas y otros malos tratos, en medio de una crisis humanitaria que afecta a la población en general.
Las mujeres y niñas también están experimentando consecuencias devastadoras, debido a las regresiones en materia de derechos humanos. En Estados Unidos, al reincorporar y expandir la ley mordaza (global gag rule) se ha restringido alrededor de $8,8 mil millones en fondos de ayuda exterior para programas internacionales de salud que ofrecen o incluso mencionan la palabra aborto en su trabajo. Sólo en América Latina, donde los expertos estiman que 760,000 mujeres son tratadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros, las políticas del gobierno estadounidense pone en riesgo la vida de muchas niñas y mujeres.
Otro lamentable ejemplo es la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, adoptada en octubre del 2017, por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a lo que el Ministerio consideró como “la teoría y/o ideología de género”, ha representado un grave retroceso en materia de derechos humanos y contradice las obligaciones internacionales del Estado paraguayo. Las mujeres, niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sufren discriminación y violencia permanente por prejuicios y estereotipos que se mantienen en nuestras sociedades. Borrar la educación para la igualdad de la malla curricular es promover esa violencia y discriminación desde el Estado, con gravísimas consecuencias.
Nota de Prensa