En Venezuela no existe el derecho a informar, así lo aseveró la fiscal general venezolana destituida por la Constituyente, Luisa Ortega Díaz, Durante su participación en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
EFE
Manifestó que la verdad ha sido criminalizada “y es considerada por el gobierno como una conspiración”, razón por la cual se persigue a los periodistas y se atacan las sedes de medios de comunicación en el país.
De igual forma, recalcó que la Constituyente “ha sido utilizado para perseguir a los venezolanos, es como una varita mágica para lo que quiere el gobierno, a quien quiere perseguir, a quien quiere atropellar, a quien quiere encarcelar lo hace a través de la Asamblea Constituyente”.
Ortega manifestó que en su país “la verdad ha sido criminalizada”.
“Por eso a los periodistas se les persigue, se les acosa, se les cierran medios de comunicación”, aseguró Ortega, quien agregó que en los informes que se han presentado durante la asamblea de la SIP se ha visto “la realidad que se vive en Venezuela”.
Dicho informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y fue presentado ayer, recoge que la situación de la prensa en ese país se deteriora a diario debido a la “violencia sistemática” que se ejerce contra los periodistas y los medios de comunicación tradicionales que además han empezado a desaparecer.
Ortega, que reside en Bogotá desde que abandonó su país en agosto del año pasado, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro “cuando no puede controlar un medio lo compra”, para lo cual recurre a presiones a los dueños con el fin de que lo vendan.
La exfuncionaria ejemplificó el silencio en los medios venezolanos con dos casos, el primero la muerte el pasado 15 de enero del inspector de la policía científica (CICPC) Óscar Pérez, alzado contra el Gobierno, y otras seis personas, en lo que ha considerado anteriormente como una “ejecución extrajudicial”.
Sus muertes fueron “invisibilizadas” y “no hubo información oficial”, dijo.
Del mismo modo, considera que se silenció la muerte de 66 presos y dos mujeres que estaban de visita el 28 de marzo en el incendio de una comisaría en Valencia, capital del céntrico estado de Carabobo, y que ella aseveró fueron “más de 120” personas las fallecidas.
En opinión de Ortega, “lo más grave” son las denuncias registradas de que el incendio “fue provocado por las autoridades”, lo que considera que es “un hecho gravísimo que amerita investigación”.
Finalmente, destacó que la Fuerza Armada es “víctima” de la situación y del régimen del presidente Nicolás Maduro, por lo cual les pidió que recuperen “la dignidad y la honorabilidad del Ejército, la Armada y la Aviación (…) y se apeguen a la Constitución y a la ley”.
Con información de NTN24
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— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 15 de abril de 2018