Las disidencias de las Farc incrementaron sus acciones este año en las zonas fronterizas de Colombia llegando a extremos como el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, lo que para expertos es una evidencia de la internacionalización del conflicto y de las amenazas que se ciernen sobre la paz, reseñó EFE.
Según el informe “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc”, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el primer trimestre de 2018 los antiguos integrantes de ese grupo que decidieron no acogerse al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 cometieron por lo menos 46 acciones frente a las ocho del mismo periodo del año pasado.
Eso es una señal de que las disidencias, lejos de ser acorraladas por las fuerzas del Estado, se fortalecen con el tiempo y se corre el riesgo de que se salgan de control.
Desde el 10 de junio de 2016 hasta el 27 de marzo de 2018, periodo abarcado por el análisis de la FIP, los hechos violentos atribuidos a las disidencias suman 147 entre emboscadas, activación de artefactos explosivos, reclutamiento forzado y secuestro.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo recientemente a Efe que estos grupos delinquen principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Caquetá, ubicados en el suroeste del país, así como en Guaviare (sur) y Meta (centro).
Todas estas regiones tienen en común el poderío que por años ostentó en ellas la ya desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), los cultivos de coca y el estar cerca a las fronteras.
“Tenemos problemas en la frontera con Ecuador, Venezuela y Panamá. Esos son los tres grandes nuevos focos de la perturbación”, explicó Villegas al respecto.
La ubicación estratégica de estos territorios, tanto para el narcotráfico como para huir de las autoridades y refugiarse en otro país, ha hecho que las acciones de las disidencias se tornen cada más fuertes y mediáticas.
Lo anterior genera la sensación entre los colombianos de que el conflicto, lejos de acabarse, está mutando en numerosos grupos criminales que tienen como fin único lucrarse del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal.
“Varias de estas disidencias se han comenzado a transformar en un problema binacional y su actuar inquieta a los territorios de Ecuador y Venezuela, principalmente”, aseguraron los expertos de la FIP.
De hecho, las fuerzas de seguridad colombianas tienen datos de ataques en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi; en los estados venezolanos de Apure, Bolívar y Amazonas, y en zonas de Brasil en donde exguerrilleros al parecer han engrosado filas de bandas criminales.
Los 1.200 hombres que se calcula que hoy hacen parte de los diferentes grupos de disidentes pertenecen en su mayoría a 10 frentes de las FARC que operaban en el sur y este del país.
Además, miembros de las Columnas Móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre también decidieron permanecer en la ilegalidad en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Se asentaron en Tumaco, el municipio de Colombia con la mayor cantidad de cultivos de coca, con 23.148 hectáreas sembradas, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).
Ese es el caso del autodenominado Frente Oliver Sinisterra, que lidera Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, que al mando de unos 50 hombres secuestró y asesinó recientemente a un periodista, un fotógrafo y un conductor de El Comercio.
Esa tragedia obligó a los Gobiernos de Colombia y Ecuador a unir fuerzas para combatir a los disidentes en ambos lados de la frontera y a ofrecer 230.000 dólares por información que permita capturar a Arizala.
“Ya estamos aumentando las operaciones, se están intensificando, estamos trasladando más operaciones y alias ‘Guacho’ va a caer, espero que sea más temprano que tarde, pero va a caer”, aseguró este domingo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Además de “Guacho”, de otras disidencias hacen parte reconocidos guerrilleros como alias “Gentil Duarte”, “Calarcá”, “Jhon 40” y “Rodrigo Cadete”, entre otros, que tienen un amplio prontuario criminal.
Ellos tratan de expandir el control territorial a zonas de Venezuela, Ecuador y Brasil con el fin de manejar los corredores de tráficos ilícitos y retomar contactos con mafias y organizaciones internacionales del crimen, como el mexicano Cartel de Sinaloa.
Además, agregó la FIP, “han optado por un control de los ríos como rutas naturales por donde se movilizan, articulan acciones y conectan regiones al interior del país y hacia las fronteras”.
Su ascenso ha sido tal que han alcanzado cierto grado de “reconocimiento” entre las comunidades de esas zonas apartadas.
Para ello, coinciden las fuentes consultadas, se han convertido en “reguladores” de conflictos sociales y “protectores” frente a la incursión de otros grupos armados ilegales distintos a las disidencias lo que, sin duda, constituye un nuevo peligro para el mantenimiento de la paz.