Los ojos del mundo están de nuevo sobre la Asamblea Nacional de Venezuela a la espera de su decisión en relación a la solicitud del enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros realizada por el TSJ que ellos mismos nombraron.
Tengo la misma inquietud de todo el mundo porque tengo la desagradable impresión que si los diputados no actuaron como lo esperaba el pueblo de Venezuela el 16J, luego de la fulminante votación y mandato a quienes nos representan, entonces ¿cómo podríamos esperar que fuera diferente en esta ocasión?
Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. En este momento y particularmente después del 30 de julio de 2017, cuando el régimen ignorando la decisión del pueblo de rechazar una Constituyente no nacida de la soberanía popular el 16J, se montó sobre la Asamblea Nacional cercenando sus atribuciones constitucionales, y convirtiendo a los diputados electos legítimamente por el pueblo el 6 de diciembre de 2015, en barajitas desechables a las que persigue a su antojo.
Por más que la Asamblea Nacional se haya tratado de imponer sobre el mamotreto electo por Nicolás Maduro el 30 de Julio de 2017, prácticamente el Poder Legislativo del país ha sido anulado por el super poder de la Asamblea Constituyente de Maduro conducida por Delcy Rodríguez. Y aunque la Asamblea Nacional formalmente existe, en la práctica es una entelequia en vías de extinción definitiva por parte de la dictadura, aguardando su sentencia de muerte en un calabozo. Esa sentencia se hará efectiva cuando esa Constituyente inconstitucional imponga su desaparición con una nueva Constitución que se está terminando de cocinar en Cuba.
De modo que los diputados no están en la misma disyuntiva del 17J-2017 cuando el día anterior tenían el respaldo pleno del pueblo de Venezuela en una Consulta Popular. No. Ahora son prisioneros de un régimen que los amenaza abiertamente, con lo cual tomar una decisión a favor de enjuiciar la cabeza de todo este tinglado delincuencial tiene una connotación diferente que cuando pudieron hacer algo con el respaldo político más grande que se haya tenido en Venezuela.
En lo personal no creo que se inmolen y más abajo les explicaré porqué. Ya comenzó la controversia legal acerca de cuantos diputados son necesarios para autorizar el enjuiciamiento de Maduro. Algunos dicen que se requieren los 2/3 de los miembros como lo indica el Art. 110 de la Ley del TSJ, y otros dicen que no porque la Constitución, la ley superior, no lo indica. No entraré en esa discusión legal que al final es política. Si la Asamblea decide autorizar el enjuiciamiento de Maduro no será porque los pare eso. Lo legal siempre ha entrado después de lo político e invariablemente habrá una justificación legal que acompañe esa decisión.
Pero hay un aspecto por el que pocos se pasean. ¿Está esa Asamblea Nacional en condiciones para tomar esa decisión? Yo creo que no. Es como si se le pidiera a un preso o secuestrado que tomara una decisión en contra de su carcelero o secuestrador. ¿Podrá hacerlo libre de conciencia a sabiendas que puede ser torturado o perseguido por su secuestrador si no vota conforme a sus deseos? Esto sin contar con aquellos que son comprados por el secuestrador y que no cuento porque espero que sean casos aislados (recuerden que me enterraran en urna blanca).
La situación de los partidos opositores en la Asamblea Nacional no es tampoco la más prometedora. Muchos diputados se han apartado de sus partidos y formado nuevas fracciones políticas, una de ellas justamente en ocasión de lo ocurrido el 16 de julio de 2017. El caso reciente de la división del partido UNT con la nueva fracción parlamentaria denominada Prociudadanos es otro ejemplo de la atomización opositora en la Asamblea Nacional. El conglomerado actual de los diputados opositores no muestra por ningún lado esa unidad de diciembre de 2015, y por supuesto diferentes intereses. Muchos de ellos apoyan ir a elecciones con el gobierno el 20 de Mayo y es posible que ni siquiera les convenga, ni a ellos ni a sus partidos, el enjuiciamiento de Nicolás Maduro.
En tal sentido, si estamos hablando de una decisión que compromete el futuro de todos los venezolanos, ¿no deberíamos nosotros tomar esa decisión? ¿No debería la Asamblea Nacional, conociendo la situación política en la que se encuentra, apartarse y dejar que los venezolanos decidamos que hacer con Nicolás Maduro Moros en una Consulta Popular?
Pero eso tal vez sea pedir demasiado. O tal vez no. Quizás la solución de compromiso para ellos, sin que se vean expuestos al repudio generalizado de la población por no hacer lo que corresponde hacer, que no es otra cosa que autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por un caso de corrupción generalizada, como lo es el caso de la Constructora Norberto Odebrecht y que ya llevo a prisión a un ex presidente en Brasil, sea que el pueblo de Venezuela lo decida. Que no sean los diputados sino sus mandantes quienes tomemos esa decisión. Enjuiciemos nosotros a Maduro.
Ciudadanos Diputados: dejen que el pueblo de Venezuela autorice el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. Dejen que el espíritu del 19 de abril de 1810 renazca en Venezuela cuando el pueblo decidió el destino del Capitán General de Venezuela, Don Vicente Emparan. Tal vez eso sea el inicio del cambio que hace falta, tal y como ocurrió con nuestra Declaración de Independencia y la promulgación de nuestra primera Constitución…