Los tentáculos de Odebrecht alcanzaron a Nicolás Maduro y hoy, lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. Con 105 votos a favor y dos en contra, la Asamblea Nacional aprobó el pasado martes que se lleve a cabo un antejuicio de mérito contra el dictador venezolano por estar involucrado en la red de corrupción de la constructora brasileña.
Después de esta decisión, muchos venezolanos se preguntan ¿y ahora qué? Ya que es conocido por todos la crisis institucional y la inexistente separación de poderes en el país que los lleva a pensar que el juicio no afectará a Nicolás Maduro, pero como abogado estoy seguro que si traerá consecuencias para el dictador venezolano.
Aunque durante meses, el oficialismo se ha encargado de minimizar el impacto de las decisiones de la Asamblea Nacional, las funciones del parlamento venezolano cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, lo que se traducirá en un mayor desconocimiento para el dictador venezolano y su fraude de elecciones presidenciales.
Después de que el Tribunal Supremo en el exilio, que cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo, continué con las investigaciones y determine la culpabilidad de Maduro en un lapso no mayor a 30 días, se generaría una orden de captura internacional que debe ser acatada en nuestro país y en el resto del mundo. También cualquier otro país que se haya visto afectado por la trama de Odebrecht podría seguir un proceso penal contra Maduro.
En nuestro país, si se respetara la Constitución, Maduro ya debería haberse separado del cargo que ocupa como Presidente de la República, debido a que la Asamblea Nacional autorizó a través del antejuicio de mérito que Maduro puede ser enjuiciado penalmente por el delito de corrupción.
Debería aplicarse el Código Orgánico Procesal Penal y seguirse el mismo procedimiento que se aplicó cuando el ex presidente Carlos Andrés Pérez también fue acusado de corrupción, y el extinto Congreso de la República aprobó que fuera enjuiciado.
“Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”, artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
Como se recordará Carlos Andrés Pérez fue separado de sus funciones después que fuera señalado por malversación de fondos públicos y desfalco por unos 250 millones de bolívares que sirvieron supuestamente para financiar la campaña electoral de políticos extranjeros como: Jaime Paz en Bolivia, Violeta Chamorro en Nicaragua y para derrocar al presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide.
De acuerdo a las leyes venezolanas, Nicolás Maduro tiene que separarse de su cargo y automáticamente estaría inhabilitado para participar en elecciones por algún cargo público. Aunque esta decisión de la Asamblea Nacional no tenga efecto inmediato en nuestro país, la comunidad internacional debe decidir si reconoce esta acción del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
De reconocerse a nivel internacional la sentencia que emita el Tribunal Supremo en el exilio, Maduro podrá enfrentar medidas internacionales por lo que a partir de ahora tendrá más cuidado a cuáles países visitará.
A Nicolás Maduro y a sus esbirros cada día se les achica más el mundo con la presión internacional que enfrentan, como venezolanos tenemos que seguir exigiendo apoyo a la comunidad internacional y articulándonos para enfrentar esta dictadura y lograr sacar a Venezuela de esta profunda crisis política, social y económica.
Sigamos avanzando con firmeza y convicción
@angelmachadove