El Gobierno Bolivariano entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, por permitir la celebración en su territorio de la sesión del llamado Tribunal Supremo en el exilio en la que se dio pie al inició del proceso contra el presidente Nicolás Maduro por hechos corrupción con la empresa Odrebrecht. EFE
En un comunicado, la Cancillería venezolana informó que la nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez, a Castañeda, “por los hechos acaecidos en la sede del Congreso del país vecino, el pasado 3 de abril”.
Ese día, la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz entregó a los magistrados nombrados por el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, y no reconocidos por el Gobierno, pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora Odebrecht.
Ante ello, el llamado Supremo en el exilio determinó que “hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro (…) existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales”
El Gobierno venezolano señaló hoy en el comunicado que los magistrados del Supremo en el exilio son un grupo “de abogados usurpadores de funciones” y que realizan una “simulación de actos públicos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.
La nota de protesta se conoce luego de que el actual fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, hiciera esta petición a la Cancillería de su país.
El Gobierno de Maduro ha calificado las acciones de los magistrados “en el exilio” como “una farsa de mal gusto y una violación flagrante de las reglas constitucionales que establecen los poderes públicos de cada Estado, los cuales están sometidos a su propio ordenamiento constitucional”.
Asimismo, señala que “el comportamiento de los altos funcionarios colombianos implicados, violan principios fundamentales del Derecho Internacional (…) cometen una grave falta de respeto a la propia dignidad nacional colombiana, constitutiva de una infracción tipificada en el Código Penal colombiano”.
La Administración de Maduro exigió al Estado colombiano que “proceda a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con el propósito de velar por el cumplimiento” de su legalidad y de las normas internacionales, “así como responsabilizar administrativa y penalmente a los implicados”.
A continuación el texto completo de la nota publicada por la Cancillería venezolana en su sitio web:
La República Bolivariana de Venezuela entregó nota de protesta al gobierno de la República de Colombia por los hechos acaecidos en la Sede del Congreso del país vecino, el pasado 03 de abril, en donde un grupo de abogados usurpadores de funciones participó en una simulación de actos públicos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
La nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez, al Encargado de Negocio de Colombia, Germán Castañeda, durante una reunión que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, sede de la cancillería venezolana.
En este sentido, el Gobierno Bolivariano calificó estas acciones como una farsa de mal gusto y una violación flagrante de las reglas constitucionales que establecen los poderes públicos de cada Estado, los cuales están sometidos a su propio ordenamiento constitucional.
El referido documento también establece que el comportamiento de los altos funcionarios colombianos implicados, violan principios fundamentales del Derecho Internacional; rectores de las relaciones entre Estados, como los de soberanía, libre elección de sistema político, económico y social, no injerencia en los asuntos de otros países, buena vecindad y justa correspondencia diplomática; sino que cometen una grave falta de respeto a la propia dignidad nacional colombiana, constitutiva de una infracción tipificada en el Código Penal colombiano.
Asimismo, Venezuela exige al Estado Colombiano que se proceda a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con el propósito de velar por el cumplimiento tanto de su propia legalidad como de las normas internacionales, así como responsabilizar administrativa y penalmente a los implicados.